El rey emérito Juan Carlos reclamó hoy la inmunidad legal en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, en un intento de mitigar una demanda por acoso presentada por su examante, un caso enturbiado esta semana por la publicación de un polémico podcast sobre su romance.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escuchan durante todo el día a los abogados del exmonarca español, de 84 años, y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación entre 2004 y 2009.
Los magistrados no se pronunciarán, sin embargo, hasta dentro de varias semanas, reportó la agencia de noticias AFP.
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La mujer, divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen, presentó en 2020 una demanda civil por acoso en la capital británica -donde reside-, en la que denuncia ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación por parte del monarca emérito.
Según la empresaria, la hostigó desde 2012 para recuperar "regalos", que incluyen 65 millones de dólares, y por ello reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento.
No obstante, no hay riesgo de cárcel o extradición para el padre del actual rey español Felipe VI.
El monarca emérito, que vive desde hace dos años exiliado en los Emiratos Árabes Unidos tras denuncias de sospechas de blanqueo y corrupción en España, niega las acusaciones.
Su equipo jurídico defiende desde 2021 que no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.
Sin embargo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad en marzo pasado, al argumentar que tras su abdicación en 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso señaló que ante sus presuntos "actos de acoso" no se beneficiaría de dicha protección.
Aunque ahora el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, lo hará únicamente mientras fue jefe de Estado y en caso de que actuase como tal.
"La inmunidad es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida", defendió hoy el abogado del exrey, Tim Otty.
"La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder", agregó.
Los jueces deberán decidir, entre otras cosas, si al solicitar en 2012 al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que visitara a Sayn-Wittgenstein en Londres, cuando ella afirma que la amenazó, Juan Carlos I lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje español o como favor privado entre amigos.
Recientemente, los abogados de Sayn-Wittgenstein modificaron su demanda y eliminaron toda referencia al CNI para dar a entender que ambos actuaron de forma privada.
Pese a todo, el abogado de la empresaria, James Lewis, insistió hoy en que la inmunidad solo se aplica a actos realizados "en el desempeño de funciones oficiales" y "no por placer o interés propio" del jefe de Estado.
En ese sentido, subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre las operaciones del CNI.
El caso se vio enturbiado ayer por la publicación de dos episodios de un podcast titulado "Corinna y el Rey", cuyas siguientes entregas aparecerán semanalmente hasta mediados de diciembre.
En él, los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan el romance real junto a Larsen y otros entrevistados y aseguran que al venirse abajo "abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen".
Un avance a la prensa la semana pasada causó polémica en España por la coincidencia temporal con la causa en Londres.
En documentos judiciales presentados este martes, los abogados de la empresaria aseguran que aunque Juan Carlos entregó los 65 millones a su amante alegando "un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento, sus motivos eran más siniestros".
"Debido a cambios en las prácticas bancarias suizas" que requerían al monarca declarar dichos fondos, este "consideró que podía ocultarlos como un regalo a la demandante, pero imponiéndole que le dejara utilizarlos", afirmaron y alegaron que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012 buscando controlar dicho dinero.
Paralizada hasta que se resuelva el recurso sobre la inmunidad, la demanda por acoso debería proseguir después, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad a partir de su abdicación.
Con información de Télam
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