La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México tienen en el centro al nombre de Jorge Glas. El exvicepresidente fue arrestado de manera irregular y tras una incursión violenta de policías y militares en la embajada mexicana en Quito, en la noche del viernes. La excusa que puso -a contramano de las normativas internacionales- el Gobierno dirigido por Daniel Noboa es que fue en “defensa de la soberanía nacional” y contra la “impunidad”, ya que sobre Glas pesan distintos procesos judiciales.
El primer cargo oficial de Glas fue en 2007 como jefe del Fondo de Solidaridad en la primera administración de Correa, Glas -de 54 años e ingeniero de profesión- inició así una carrera política que lo llevó a acompañar a Correa en la fórmula presidencial en la campaña de 2013.
En el marco de diversas investigaciones en su contra, Glas decidió alojarse en diciembre del año pasado en la embajada mexicana. Le habían otorgado el asilo político este mismo viernes.
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Caso Odebrecht
Tras cuatro años en el cargo, en diciembre de 2017 Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina. La constructora brasileña admitió haber manejado toda una estructura de pago de sobornos a cambio de beneficios en varios países. En Ecuador, la empresa dijo haber pagado más de 35 millones de dólares.
En ese momento, trabajaba con Lenin Moreno –considerado un díscolo del movimiento Revolución Ciudadana- y se entregó a las autoridades. Había sido mencionado por representantes de la constructora brasileña en Ecuador como uno de los personajes que estaba “pidiendo dinero” para la campaña presidencial de 2017.
Tras tres meses en prisión, se configuró la ausencia definitiva en el cargo, que terminó en su cese de funciones. Fue procesado por asociación ilícita y cohecho.
Sobornos y lawfare: Glas y Correa enredados
Con Glas en prisión continuaron las investigaciones en su contra como contra el expresidente Correa. En 2019, un portal periodístico que lideraba el asesinado excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, reveló lo que en un inicio se conoció como el caso Arroz Verde. Allí se puso en evidencia el supuesto cobro de sobornos a, al menos, una decena de empresas nacionales e internacionales por parte del Gobierno de Correa y Glas, que habrían servido para financiar campañas de Alianza País, la chapa con la que ganaron las elecciones.
La Fiscalía rebautizó el caso como Sobornos 2012 y 2016 y sentenció a Glas junto a Correa y otros funcionarios a otros ocho años de cárcel. En el proceso habían determinado que el correísmo, supuestamente, había montado una oficina paralela a la Presidencia en la que se cobraban, gestionaban y repartían coimas. El correísmo sostuvo, y aún sostiene, que las causas fueron armadas para excluir al espacio de la visa política ecuatoriana, en el marco del "lawfare" que se aplicó sobre varios líderes progresistas de la región.
Singue, otro proceso contra Glas
La Fiscalía argumentó que como ministro de Sectores Estratégicos, el exfuncionario habría viabilizado la adjudicación del campo petrolero Singue a un consorcio internacional.
Según informó Primicias, la Fiscalía, con base en un informe de la Contraloría, esa negociación fue irregular y causó un millonario perjuicio en contra del Estado ecuatoriano. En primera instancia, Glas y dos exministros del correísmo fueron sentenciados a ocho años de prisión, en enero de 2021.
Los intentos por la libertad
El camino para conseguir la libertad comenzó en noviembre de 2021, Glas pidió la reunificación de penas, que le fue negado, hasta que, en abril de 2022, un juez ordenó su liberación inmediata a través de un hábeas corpus. Fue liberado, pero con una apelación en su contra que un mes después lo devolvió a prisión con un fallo de la Corte de Santa Elena.
En agosto de 2022, continuó en sus intentos por recuperar la libertad dado su estado de salud, en la que hicieron énfasis en su estado psicológico y el riego de suicidio.
En noviembre de 2022, un fallo favoreció a Glas: un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró la nulidad del caso Singue y dejó sin efecto esa sentencia. Los jueces consideraron que el informe de Contraloría, en el que se basó el caso, había caducado y el proceso debía reiniciarse. Ante la nulidad de su tercera sentencia, el exvicepresidente y sus abogados reactivaron sus pedidos para que la sentencia de ocho años absorba a la de seis y que Glas acceda al beneficio de la prelibertad. Presentó varios habeas corpus y medidas cautelares, pero no logró salir de la cárcel.
A finales de 2022, un nuevo juez le otorgó una medida cautelar y ordenó su liberación provisional, hasta que se tramite el pedido de prelibertad que estaba inconcluso. Salió en medio de una ovación de seguidores. Desde entonces no retornó la cárcel.
Sin embargo, la Fiscalía volvió a la carga con otro caso: ahora, por peculado y por supuestas irregularidades en obras de construcción de Manabí, tras un terremoto que afectó la provincia en 2016. Sobre este caso, la Justicia se expidió en enero y pidió su prisión preventiva.
Cuando estaba por ser procesado, Glas se refugió en la embajada de México el 18 de diciembre de 2023, en donde estuvo hasta este viernes. En medio de esa estadía, la Justicia determinó que el exvicepresidente debía retornar a prisión para cumplir los tres años de prisión que le correspondían por el caso Odebretcht.
Desde este sábado, está alojado en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
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