Un análisis del propio Gobierno publicado hoy reveló que deportar a cada solicitante de asilo a Ruanda podría costar hasta 170.000 libras esterlinas (210.000 dólares), lo que podría llevar al fracaso a ese plan oficial, aunque el ejecutivo conservador de Rishi Sunak afirma que aun así ahorraría gracias al recorte en ayudas.
Las cifras llega en un momento crucial para el Gobierno, con la amenaza de que la legislación propuesta para parar la inmigración irregular pueda ser frenada cuando vuelva a la Cámara de los Lores esta semana.
Actualmente, el Reino Unido solo tiene un acuerdo en vigencia para enviar personas a Ruanda, a 6.500 kilómetros de Londres, y los costos podrían aumentar si se alcanzan convenio de deportación con otras naciones, algo que el Gobierno indicó que desea llevar adelante.
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Caroline Nokes, exministra de inmigración y actual presidenta del comité de Mujeres e Igualdad, cuestionó la rentabilidad y justificación del esquema, al señalar además que la efectividad del plan de Ruanda como elemento disuasorio "aún no se demostró".
Como sus predecesores Liz Truss y Boris Johnson, Sunak -nieto de inmigrantes indios- considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.
En ese marco, entre los principales objetivos del Gobierno está el de "detener los barcos" que cruzan de forma ilegal el Canal de la Mancha, con miles de inmigrantes arriesgan sus vidas en embarcaciones no seguras, un problema particularmente grave en los últimos años.
El año pasado, un récord de 45.728 personas cruzaron las aguas del canal en pequeños navíos, 60% más que el año anterior.
La mortalidad en el Canal de la Mancha, que separa Francia y Gran Bretaña, también volvió a cobrar relevancia, tras el fallecimiento de cuatro personas en diciembre, cuando su embarcación naufragó en las aguas heladas.
A pesar de la promesa continua del Gobierno de implementar medidas para frenar el flujo migratorio y sancionar a los traficantes de personas, incluyendo el controvertido plan de deportación a Ruanda, las estadísticas indican un panorama distinto.
Un análisis realizado por la organización Refugee Council encontró que la mayoría de las personas que llegan al Reino Unido en embarcaciones precarias probablemente tengan solicitudes de asilo válidas, lo que pone en duda también el argumento del Gobierno de que la mayoría o todas las llegadas son ilegales
En ese sentido, el jueves se espera que el tribunal de apelación se pronuncie sobre si es legal deportar a las personas que solicitan asilo a Ruanda, incluidas mujeres y niños, a través del plan oficial.
La ministra del Interior, Suella Braverman, argumentó que "no hacer nada no es una opción".
Según ella, no se puede permitir un sistema que incentive a las personas a arriesgar sus vidas y pagar a los traficantes de personas para venir al país de manera irregular.
La funcionaria instó en ese sentido a los parlamentarios a apoyar el proyecto de ley para detener las embarcaciones y poder tomar medidas contra las bandas de tráfico de personas, mientras se equilibra el sistema de asilo.
Para el Gobierno, la llegada de inmigrantes irregulares puede ejercer una tensión adicional sobre servicios esenciales como la vivienda, la educación y la atención sanitaria, que ya están bajo presión.
La explotación de los inmigrantes, especialmente de aquellos que llegan al país en situaciones precarias o no reguladas, es otro problema crítico.
Estas personas son extremadamente vulnerables a la explotación laboral, al tráfico de personas y a otras formas de abuso.
Con información de Télam
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