Reino Unido y la UE se cruzan por el acuerdo sobre Irlanda del Norte que podría llegar a la justicia

15 de junio, 2022 | 12.37

El Gobierno británico defendió hoy el proyecto de ley que le otorga el poder de modificar algunos elementos del Protocolo de Irlanda del Norte negociado en el marco del Brexit y se mostró "decepcionado" con la decisión de la Unión Europea (UE), que previamente anticipó que piensa iniciar acciones legales contra Londres por "cambiar unilateralmente un acuerdo internacional".

Ese acuerdo busca evitar el regreso de una frontera dura que rememore las décadas de conflicto entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, país que integra el bloque europeo.

Para ello se estableció que el territorio del norte siga perteneciendo al mercado común europeo y que los controles aduaneros se establezcan entre las mercancías que se dirigen desde y hacia Gran Bretaña, la isla en la que se ubican Inglaterra, Escocia y Gales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, estos controles generaron desabastecimiento en Irlanda del Norte y provocaron la furia de los protestantes unionistas que defienden su vínculo con la monarquía y el Gobierno central en Londres, que el lunes pasado presentó en el Parlamento un proyecto de ley que modifica en forma unilateral las disposiciones aduaneras.

En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, dijo hoy en Bruselas que "no hay ninguna justificación legal o política para cambiar unilateralmente un acuerdo internacional" y añadió que el gesto británico "los deja sin otra opción que actuar", según consignó la agencia de noticias AFP.

Según Sefcovic, "la legislación británica, tal como fue diseñada y presentada, es ilegal" y aseguró que "es extremadamente dañino para la confianza y el respeto mutuos entre la UE y el Reino Unido" y creó además una profunda incertidumbre al tiempo que ensombrece la cooperación general entre ambos países.

El protocolo que rige el comercio posterior al Brexit entre la Unión Europea e Irlanda del Norte y Gran Bretaña podría amenazar el Acuerdo de Belfast de 1998, considerado una piedra angular de la paz en la isla.

Por su parte, un portavoz del Gobierno del Reino Unido dijo en un comunicado que es "decepcionante" que la UE haya optado por relanzar los procedimientos legales relativos a los períodos de gracia actualmente en vigencia, que son vitales para evitar que los problemas causados por el Protocolo se agraven.

"El Reino Unido sigue prefiriendo una solución negociada, pero las propuestas presentadas hoy por la UE son las mismas que hemos estado debatiendo durante meses y no resolverían los problemas; en muchos casos nos hacen retroceder respecto a los acuerdos actuales", indicó.

"El protocolo está debilitando el Acuerdo de Belfast conocido también como acuerdo del Viernes Santo, perturbando el comercio y haciendo que los habitantes de Irlanda del Norte reciban un trato diferente al del resto del Reino Unido", subrayó el portavoz.

Dijo además que la UE sigue insistiendo en que no está dispuesta a cambiar el Protocolo en sí, por lo que estamos obligados a actuar nosotros mismos para modificar los puntos que están causando problemas.

"La legislación que hemos presentado esta semana ofrece soluciones prácticas y razonables que también protegen el mercado único de la UE y apoyan el comercio Norte-Sur", aseguró.

El Reino Unido sostiene que la acción legal de la UE anunciada hoy no se refiere a la legislación del Reino Unido, sino que incluye el reinicio de tres infracciones históricas y dos nuevas infracciones sobre cuestiones técnicas relacionadas con la aplicación actual del protocolo.

El proyecto actual que pretende el Gobierno británico es un mecanismo de seguridad en caso de que la UE no esté dispuesta a cambiar el Protocolo.

También sostiene que cumplir con las exigencias de la UE significa que las empresas y las personas estarían en peor situación, enfrentándose a cargas burocráticas y costos adicionales.

Además, remarcó que se les cobraría por utilizar las instalaciones sanitarias y fitosanitarias (SPS), habría más controles en esas instalaciones, se acabarían los períodos de gracia para los animales domésticos, los paquetes y los movimientos en los supermercados, entre otros puntos.

Con información de Télam