El gobierno británico presentó hoy ante el Parlamento un proyecto de ley que le permitiría ignorar algunas de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una decisión criticada por la oposición y organizaciones humanitarias y presentada tras el revés que sufrió el plan oficial para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda.
Esta jurisdicción del Consejo de Europa, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y totalmente independiente de la Unión Europea (UE), se opuso la semana pasada a la cuestionada expulsión de migrantes y demandantes de asilo llegados de forma irregular al Reino Unido.
Su decisión dejó en tierra en el último minuto un avión especialmente fletado que debía despegar de una base militar británica el 14 de junio.
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El TEDH, que vela por el respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, estableció que la justicia británica debe examinar en detalle la legalidad del proyecto gubernamental, algo previsto para julio, antes de proceder a las expulsiones.
Tras esta decisión, el gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson reiteró su intención de reformar la legislación británica sobre derechos humanos, con una nueva Carta de Derechos presentada finalmente hoy, que permitiría ignorar las sentencias del TEDH.
"Esta Carta de Derechos reforzará nuestra tradición británica de libertad, al tiempo que inyectará una saludable dosis de sentido común en el sistema", defendió el ministro de Justicia, Dominic Raab, en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.
El texto presentado, para que el no existe aún fecha de debate en el parlamento, debe reemplazar la Ley de Derechos Humanos, que inscribe el Convenio Europeo de Derechos Humanos en la legislación británica.
La nueva Carta afirma "la supremacía de la Corte Suprema" británica y el hecho de que "los tribunales del Reino Unido no están obligados a seguir la jurisprudencia de Estrasburgo", añadió Raab.
El ministro aseguró, sin embargo, que el país permanecerá en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el abuelo materno de Boris Johnson (James Fawcett) contribuyó a elaborar a principios de 1950.
De ser aprobada, la nueva ley debería también facilitar la deportación de extranjeros condenados por los tribunales, limitando su capacidad de hacer valer su derecho a la vida familiar por encima de la seguridad pública.
"Estas reformas reforzarán la libertad de expresión, nos permitirán deportar a más delincuentes extranjeros y protegerán mejor a los ciudadanos de los delincuentes peligrosos", dijo Raab.
El proyecto de ley fue criticado por el Partido Laborista, principal fuerza de la oposición, y numerosas ONGs.
"La Ley de Derechos Humanos dio a millones de personas acceso a la justicia, protegió a las víctimas de delitos y garantizó que nuestros seres queridos reciban la atención que necesitan", declaró Steve Reed, responsable de justicia del Partido Laborista.
La nueva normativa introducida por los conservadores "quitará estos derechos", denunció.
Es un "enorme paso atrás para los derechos de la gente corriente", alertó en sintonía Amnistía Internacional.
Con información de Télam
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