El Reino Unido está considerando abandonar la convención europea de derechos humanos (CEDH) para poder avanzar en su plan de tomar medidas más duras para frenar la inmigración, según informan los principales medios británicos.
Los ministros conservadores, incluida la ministra del Interior Suella Braverman, respaldan la idea, con la esperanza de que forme parte del manifiesto Tory si no pueden promulgarla antes de las próximas elecciones.
El primer ministro británico Rishi Sunak, estaría considerando la polémica medida con el fin de establecer una nueva legislación para frenar la inmigración ilegal que asciende a niveles récord.
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La legislación prohibiría a cualquiera que ingrese al Reino Unido de manera ilegal solicitar asilo y sería deportado sin demora.
Si los tribunales anularan esa legislación, el Reino Unido podría abandonar el CEDH, según informa el diario The Guardian.
Se estima que el movimiento puede encontrar una fuerte resistencia de algunos miembros del partido conservador y también podría enfrentar desafíos en la Cámara de los Lores.
Parlamentarios como Lee Anderson señalaron que la legislación propuesta por el gobierno para regular la inmigración ilegal no sería suficiente sin abandonar el CEDH.
El Reino Unido ha sido uno de los países fundadores de la Comisión que fue establecida en 1950 para proteger los derechos humanos básicos y los derechos civiles.
La decisión de abandonar el CEDH para poder implementar leyes más estrictas sobre la inmigración, sin un mandato electoral, podría tener un gran impacto en la forma en que se manejan los derechos humanos a nivel internacional.
Según Simon Clarke, exministro del gabinete, es "completamente correcto" considerar la retirada.
“Es una cuestión fundamental de confianza y competencia que debamos frenar de manera muy significativa la inmigración ilegal al Reino Unido", aseguró al mismo medio.
“Escuchamos mucho acerca de cómo el Reino Unido desempeñó un papel clave en la redacción de la convención, pero los temas que ahora se litigan bajo el CEDH no estaban contemplados después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra arquitectura de derechos humanos está siendo abusada por delincuentes para poner en peligro la vida de personas desesperadas", expresó.
El gobierno también fue criticado por sus intentos de deportar a solicitantes de asilo sin evaluar adecuadamente sus casos individuales al implementar el año pasado el fallido envío de inmigrantes a Ruanda con quien firmó un convenio para que los reciba.
Los grupos de derechos humanos cuestionaron la deportación de personas por desconocer su situación de origen, el peligro que corren y su vulnerabilidad, especialmente en el caso de niños, y han argumentado que esta práctica viola el derecho a un juicio justo.
El gobierno por su parte, prometió mejorar la forma en que se evalúan los casos, asegurando que todas las solicitudes sean tratadas de manera justa, equitativa y digna.
El caso de la deportación del pasado junio a Ruanda sigue siendo un punto de discusión delicado para el gobierno británico.
El debate se intensificó con la inclusión de nuevas leyes que buscan reforzar los controles fronterizos y la deportación de personas que solicitan asilo en el Reino Unido.
Se cree que el número de personas que cruzaron el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido en pequeñas embarcaciones aumentó en 2022.
Según cifras oficiales, se reportaron 45.756 cruces, un número que representa un aumento significativo de 17.000 personas en comparación con los 28.526 cruces reportados en 2021.
Esta cifra indica un aumento de casi el 60% en el número de personas que optaron por cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido.
El aumento en el número de cruces se debe principalmente a la creciente presión económica y la falta de oportunidades en el continente europeo, así como a la política de asilo en el Reino Unido.
Esta situación ha llevado a muchos migrantes a optar por cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, a pesar de los riesgos inherentes a esta vía de entrada.
Con información de Télam
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