(Actualiza con cancelación del vuelo)
El vuelo organizado por el Gobierno británico que iba a llevar hoy a migrantes ilegales a Ruanda fue cancelado a partir de recursos legales de última hora, pese a que la Justicia había rechazado antes dos presentaciones urgentes, lo que representa un áspero revés para el Ejecutivo de Boris Johnson.
El Gobierno tenía decidido expulsar hacia el país africano a al menos de 10 inmigrantes ilegales, en la primera aplicación de una política migratoria que presenta como una cuestión de "principio".
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Sin embargo, tras varios recursos judiciales y una decisión de urgencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el avión especialmente fletado, que costó cientos de miles de euros, se quedó en tierra.
"Último billete cancelado. Nadie va a ir a Ruanda", escribió en su cuenta de la red Twitter la organización de apoyo a los refugiados Care4Calais, mientras que fuentes gubernamentales confirmaron que el avión no despegará debido a las intervenciones de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A primera hora, la justicia había rechazado dos presentaciones contra el controvertido plan del gobierno de Johnson.
Casi a modo de desafío, la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truzz, había advertido que "habrá gente en este vuelo y si no están en este vuelo estarán en el siguiente".
"Lo que realmente importa es establecer el principio" y "romper el modelo de negocio de estas personas atroces, esos traficantes que comercian con la angustia" de los migrantes, agregó.
El Tribunal de Apelaciones británico rechazó el último recurso presentado contra el inicio de los vuelos, porque "no puede interferir" con la decisión original.
"Consideramos que el juez emitió una opinión detallada y cuidadosa que creo muy meritoria a la vista de los plazos en los que tuvo que darla" en este "caso urgente e importante", precisó el juez del Tribunal de Apelaciones Rabinder Singh, informó la cadena local Sky News.
El recurso había sido presentado por el sindicato Servicios Públicos y Comerciales, que representa al 80% de la Policía de Fronteras británica, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales Care4Calais y Detention Action.
De los 31 candidatos a la expulsión registrados la semana pasada -incluidos sirios, iraníes, iraquíes, egipcios y afganos que huyeron de los talibanes- hay "ocho que aún deben partir mañana", había tuiteado Care4Calais.
Pero hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo iraquí a Ruanda pocas horas antes del inicio del primer vuelo.
"El Tribunal tuvo en cuenta las preocupaciones señaladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sobre que los solicitantes de asilo transferidos de Reino Unido a Ruanda no tendrán acceso a los procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado", precisó el tribunal en un comunicado.
El solicitante dejó Irak en abril de 2022 e hizo una parada en Turquía antes de viajar en barco, a través del Canal de la Mancha, a Europa. El 17 de mayo, a su llegada al Reino Unido, alegó estar en peligro y solicitó asilo, pero una semana después las autoridades rechazaron su solicitud.
Esta decisión del tribunal europeo se produce luego de que Johnson amenazara con sacar a Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, informó el diario local The Guardian.
Los fallos de la justicia británica ya habían abierto una ola de críticas. El director de Amnistía Internacional, Sacha Deshmuj, denunció que el Gobierno británico "carece de humanidad" ante un "abandono vergonzoso" de los refugiados, y que se trata de una acción "desesperada y triste", informó la agencia de noticias Europa Press.
Las ONGs temen especialmente por los demandantes de asilo LGTBQ+, después de que el propio Ministerio del Interior británico admitiese sus "preocupaciones" sobre el trato reservado a las minorías sexuales y de género en Ruanda.
“Esta política inmoral avergüenza al Reino Unido", dijeron los líderes de la Iglesia Anglicana, entre ellos el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, y 23 obispos, en una carta publicada en el periódico The Times.
Según el mismo diario, el sábado pasado el príncipe Carlos, heredero al trono británico de 73 años, calificó en privado el plan de Johnson de "espantoso".
También el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, consideró que el plan es "un gran error" y advirtió que sienta un precedente "catastrófico".
El gobierno británico negoció este plan hace unos meses con Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes.
Sus autoridades deben recibir en un primer momento 157 millones de dólares para recibirlos y "darles una vía legal para la residencia" a fin de que puedan "establecerse de forma permanente, si así lo desean", detalló el canciller del país africano, Vincent Biruta, informó la agencia de noticias AFP.
El Reino Unido anunció la nueva política de deportaciones en abril pasado, con el objetivo de desalentar los cruces de migrantes desde las costas francesas, luego de que el año pasado expresara su preocupación por las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" en Ruanda, en una intervención ante Naciones Unidas.
En lo que va de año, más de 10.000 llegaron ilegalmente al país cruzando en precarias embarcaciones el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas el mundo.
Con información de Télam
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