Cientos de personas se manifestaron en la tarde-noche del jueves en las puertas de La Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico, bajo la consigna #FueraLUMA, la empresa de energía eléctrica LUMA Energy, que hace dos años se hizo cargo del servicio eléctrico de la isla. Organizaciones y activistas denuncian 20 apagones masivos que han dejado entre un 10-100% de las y los clientes sin energía por varios días y un aumento en un 84% de la tarifa en ese periodo. “Lo que hizo el Gobierno es una ficción jurídica en donde la infraestructura sigue siendo propia, pero la administración y las ganancias de la operación del sistema eléctrico son para el privado”, sostuvo ante El Destape el abogado y defensor de derechos humanos, Jerohim Alonso Ortiz Menchaca.
El malestar de la población boricua es evidente. Desde hace un año salen a las calles, hacen piquetes y cacerolazos. "Pal carajo LUMA", "Se busca gobernador que trabaje por Puerto Rico", "LUMA es todo lo peor para el pueblo trabajador", "No al aumento de luz, no a LUMA", "LUMA pal carajo y llévate a Pierluisi", "Arriba y abajo, LUMA pal carajo" y el retumbe de cacerolas, fueron las consignas y las acciones que se pudieron ver durante la jornada de ayer, según reportó el Diario Libre.
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Hasta el reconocido artista Residente (René Pérez, de Calle13) llamó a las movilizaciones y se hizo presente. De hecho, desde su cuenta de Instagram compartió videos de la convocatoria que terminó en represión por parte de la policía local.
Previo al jueves, la prensa le había consultado al gobernador, Pedro Pierluisi, sobre la situación respecto de la empresa LUMA. “El tiempo apremia y quiero los cambios implantados, sino no, no van a contar con mi apoyo”, sostuvo ante la prensa. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de cancelar el contrato respondió que su paciencia “se está acabando”: “Sí, hay muchas consecuencias que pueden surgir si no implementan los cambios que pedí”, manifestó, aunque no especificó cuáles son.
La empresa LUMA Energy llegó a Puerto Rico durante la pandemia y tras el Huracán María, el fenómeno meteorológico que devastó a Dominica, a las Islas Vírgenes y, también a la isla boricua, en septiembre de 2017. Ese escenario, que afectó seriamente al sistema eléctrico del país; más la llegada de la Junta de Control Fiscal, establecida por el expresidente estadounidense Barack Obama, permitieron que el consorcio empresarial estadounidense-canadiense que asumiera el control total del sistema en junio de 2021. Una única red eléctrica nacional, que era controlada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encargó de la extensión de todas las líneas.
Hay que tener en cuenta que Puerto Rico es uno de los dos estados libres asociados de Estados Unidos, junto con las Islas Marianas del Norte, un archipiélago del Pacífico. Este estatus da a Puerto Rico cierta independencia sobre sus asuntos internos, pero no potestad sobre sus relaciones exteriores. Puerto Rico mantiene ese régimen desde 1952, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Constitución de Puerto Rico, que antes había sido redactada en la isla y aprobada en un referéndum local.
En ese contexto, previo a que el consorcio se hiciera cargo, el repudio ya se había hecho sentir. “Este acuerdo no es bueno para el pueblo, ni para los trabajadores activos y jubilados de la AEE (…) porque el contrato convierte la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en un monopolio privado”, denunció en un editorial el medio local La voz de claridad.
Ahora, según sostuvo ante El Destape Alonso Ortiz Menchaca -también director ejecutivo de El Otro Puerto Rico, que realiza diversas investigaciones con perspectiva de derechos humanos-, desde que LUMA tomó el control “han aumentado la factura de energía en siete ocasiones. Hoy lxs puertorriqueñxs pagamos la luz un 84% más cara que hace 15 meses”, dijo.
Según las distintas investigaciones que han llevado a cabo, reportaron decenas de apagones diariamente en comunidades y municipios completos; se quemaron residencias completas por las explosiones en subestaciones y áreas limítrofes; hospitales y centros para personas de la tercera edad quedaron a oscuras por días. “Después del Huracán María el sistema se levantó y funcionaba más o menos bien, por eso la gente puede establecer las comparativas. Esto antes no ocurría, nuestros hospitales siempre habían tenido luz, por mencionar un ejemplo”, indicó Alonso Ortiz Menchaca.
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La Federación de Maestros también fue otro de los actores que se sumó al pedido de rescisión del contrato, junto con el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes convocó a las calles para ejercer presión al gobernador Pierluisi, reportó TelemundoPR.
En medio de los reclamos, las autoridades de la empresa ofrecieron en esta semana una conferencia de prensa en la que aseguraron que “hará cambios significativos” para acabar con los apagones: “La primera fase de esta iniciativa de interrupción crítica comenzará en cuestión de días y se lanzará por completo en 30 días. Estableceremos un nuevo grupo de trabajo de reducción de interrupciones”, señalaron. En tanto, desde el medio Telemundo PR indicaron que también se comprometieron a poner en marcha aparatos nuevos, equipos automatizados para atender la situación, también aumentarán las inspecciones para atajar los distintos problemas, “pero demorará 90 días”.
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