Una Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina está en Ecuador para relevar durante algunos días situaciones de violaciones a los derechos humanos y elaborar luego un informe sobre la cuestión, en el marco de las protestas que protagonizan movimientos indígenas contra las políticas del Gobierno.
El grupo hizo su presentación, con un encuentro ante la prensa en Quito, y reclamó a la administración del presidente Guillermo Lasso que garantice la integridad física de sus integrantes y le permita el acceso a las zonas que se propone relevar.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reporta, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, tres muertos, al menos 92 heridos y 94 detenidos. La Policía informó, a su vez, de 117 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En la localidad andina de Tarqui (sur), los choques entre policías y manifestantes dejaron un muerto ayer, según la entidad.
"Venimos fundamentalmente a tomar contacto con las víctimas, con las personas que padecieron en su propio cuerpo o de familiares y amigos, diferentes violaciones a los derechos humanos", explicó el abogado bonaerense Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.
Reseñó que la Misión se reunirá con varios actores de la sociedad civil y que se enviaron cartas a diferentes instituciones públicas (fiscalías, ministerios y de gobierno) para conocer su visión de la situación.
"Desde luego hemos pautado entrevistas con organizaciones indígenas, sociales, políticas, sindicales, de mujeres, estudiantiles y ambientales para realizar un informe minucioso que dé cuenta de la situación", señaló.
Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), exigió al Ejecutivo ecuatoriano que "respete las zonas de paz como primera medida" y advirtió la existencia de "hechos graves, como el intento de restringir el derecho a la protesta" sumados a las denuncias sobre "ataques a la movilización social y varios hechos que son impropios de un estado de derecho".
Para Navarro, ese cuadro se agravó a partir de la decisión del gobierno nacional de dictar el estado de excepción y con el incremento de la persecución a líderes sociales.
"Ya hay víctimas de una política del Estado que en vez de contribuir al diálogo está mostrando una posición represiva a ciudadanos indefensos. Denunciamos por ello los ataques a los espacios de paz, y exigimos el respeto al derecho a la vida y a la asociación que tienen los pueblos del mundo", acotó.
La Misión tuvo otras similares en Colombia, durante el paro general de dos meses el año pasado y en Bolivia tras el golpe contra Evo Morales. Está integrada, además, por Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Melisa Gargarello, también del FOL.
Con información de Télam
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