La justicia ecuatoriana le negó la presentación de un hábeas corpus a favor del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza, detenido en el marco de las protestas que se dieron en todo el territorio para reclamar por la falta de empleo, las concesiones mineras en territorios nativos y por la falta de precios de los productos agrícolas. Según denunciaron desde diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, las condiciones de detención se dieron de manera ilegal. Ahora, le pesa el cargo de paralización de servicios públicos.
La decisión fue tomada por un juez del Complejo Judicial de Latacunga, ciudad ubicada al sur de Quito, un día después de que el líder indígena fuera detenido en el marco del #ParoNacional convocado por la CONAIE. Para el juez la presentación de hábeas corpus y, por lo tanto, la presentación de la denuncia por la detención ilegal “no sería procedente en cuanto al fin de recuperar la libertad, pues aquello ya ocurrió ayer en la audiencia de calificación de flagrancia”. La carátula impuesta a Iza de "paralización de servicios públicos" cabe para la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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En un hilo de Twitter, la organización Amazon Frontlines -que trabaja en alianza con pueblos indígenas en defensa de sus derechos al territorio, la vida y la supervivencia y que acompañó el proceso judicial que se dio en la jornada de este miércoles-, contó que los testigos afirmaron que cuando agentes de la policía detuvieron el vehículo dijeron que era para control de armas, “pero luego indicaron que debían llevarse a Iza detenido, aunque no portaban orden judicial con ellos”.
Horas más tarde, los medios de Ecuador se hicieron eco de la detención: no se sabía en dónde estaba Iza y las razones que se esgrimían era debido a la cantidad de gente que se había presentado en el lugar, por ejemplo. Incluso, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, declaró en ese momento: “La estrategia nuestra no la vamos a revelar porque es de carácter reservado”, comenzó Carrillo. “Él (Iza) está dentro del periodo de las 24 horas sometido a la administración de justicia (establece la normativa penal en los casos de delitos flagrantes)”.
Por su parte, el líder indígena declaró ante la Justicia que durante la detención “temió por su vida y que se sintió intimidado por la actuación de los agentes estatales”. En tanto, su abogado, Jorge Bárcenas, señaló que los elementos probatorios de "sabotaje y terrorismo" registrados por la policía son: un metro, 1.50 USD, una moneda de 2 EU y una llave. A El Destape, el abogado integrante de la organización Amazon Frontlines, Jorge Acero, explicó que Iza al haber sido privado de su libertad mientras circulaba en un vehículo particular por la vía pública "no corre la flagrancia". Además no le fueron leídos sus derechos en ese momento, tampoco se identificaron los agentes de intervinientes ni se le informó o explicó acerca de sus derechos. Como contaron a través de las redes sociales "fue trasladado en varias ocasiones, incluso de ciudad, en lugares no previstos ni legales para detención".
A Iza tampoco se le permitió acceder a sus abogados defensores en persona, ni acceder a los documentos en poder de la Fiscalía que recogerían los indicios de la comisión de un delito, "lo cual impide el derecho a la defensa", dijo para explicar la posición de la defensa y de las organizaciones de derechos humanos que la detención fue ilegal y que esta situación criminaliza la protesta.
Ahora, el juez sostuvo que “los traslados de #Iza entre Quito y Latacunga, incluyendo la detención en la base aérea de esa ciudad fue ‘por su seguridad'”, publicó Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador.
Un día antes de la protesta Iza se habría pronunciado en un comunicado por las distintas acusaciones que se estaban haciendo en su contra por llamar a la movilización: “Ahora pretenden deslegitimar esta lucha atacándome, intentando crear la idea un enemigo interno, individualizando las demandas, llevando a cabo actos de seguimiento, intimidación y hostigamiento”, denunció el líder indígena.
Pese a la contraposición del gobierno, las organizaciones indígenas presentaron un pliego de diez puntos, entre los que reclaman a las autoridades: cobrar deudas tributarias a grandes grupos de poder económico, declaración de emergencia de los créditos de agricultores, pequeños productores y comerciantes; asegurar el acceso a la educación, rechazar la flexibilización y la precarización de los trabajadores; y dejar de lado las privatizaciones o monetización de las áreas estratégicas como petróleo, minas, transporte y comunicación.
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