El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, rechazó hoy la promulgación de la ley que despenaliza el consumo de drogas sintéticas, adoptada en julio en el Parlamento, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a quien interpela alegando una supuesta falta de consultas con autoridades regionales.
En una carta publicada en la web del Gobierno, el mandatario asegura que no se consultó a las autoridades de las regiones autónomas de Madeira, archipiélago de cuatro islas frente a la costa del noroeste de África, y de las islas Azores, ubicadas a unos 1500 kilómetros al oeste de Lisboa, antes de adoptar una reforma que parte de sendos proyectos promovidos desde el Partido Socialista (PS) y desde el opositor Partido Social Demócrata (PSD).
El jefe de Estado afirma en su carta al Tribunal Constitucional, máximo organismo judicial y cuyas decisiones son inapelables, que los "nuevos tipos de drogas" tienen especial incidencia en estas dos regiones y apunta que las autoridades locales serán clave para aplicar la reforma, según una nota de la Presidencia.
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Todo ello al margen de las "reservas" que reconoce tener sobre el contenido de la nueva regulación, consignó la agencia de noticias Europa Press.
Rebelo de Sousa, que proviene de tradición conservadora, ya se opuso en el pasado a otras medidas impulsadas por el Gobierno del socialista António Costa, quien ostenta el cargo de primer ministro de Portugal desde 2016, entre ellas la ley de eutanasia.
La reforma sobre drogas equipara las nuevas sustancias a las clásicas, de tal manera que la posesión destinada al consumo deje de ser considerada delito, sin criterio alguno relativo al número de dosis.
En el debate que tuvo lugar a principios de julio, el PSD y el PS justificaron su legislación sobre la despenalización de las drogas sintéticas en la necesidad de distinguir entre traficantes y consumidores, y también alertaron del impacto que estas nuevas sustancias están teniendo en las regiones autónomas, según medios portugueses.
El Gobierno de Madeira ya le había pedido al jefe del Estado que no promulgara la nueva ley de drogas, alegando "violación de la Constitución de la República Portuguesa" y el aumento de consumo de éxtasis en esas dos regiones autónomas.
Con información de Télam
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