El primer juicio en aplicación de la nueva y polémica ley antiaborto polaca empezó hoy en Varsovia contra una activista que ayudó a una mujer a interrumpir su embarazo, en un caso calificado de "escandaloso" por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Justyna Wydrzynska, doula y cofundadora de la organización de derechos civiles Abortion Dream Team (ADT), podría ser condenada hasta tres años de cárcel por haber suministrado píldoras abortivas a una mujer que estaba en su duodécima semana de embarazo y violar así la normativa polaca, endurecida en enero de 2021 por el Gobierno ultraconservador del presidente Andrzej Duda.
"Estos cargos son un intento escandaloso y deliberado de reprimir el activismo legítimo de Justyna Wydrzynska a pesar de que ésta sólo trata de apoyar los derechos de las mujeres y de todas las personas embarazadas a acceder a un aborto sin riesgos en Polonia", declaró Monica Costa Riba, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en favor de los derechos de las mujeres.
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"Las autoridades polacas deben retirar de inmediato todos los cargos contra ella y despenalizar totalmente el aborto, incluido ayudar a otras personas a someterse a un aborto, remató.
Cientos de personas acudieron hoy a la sala donde se celebra el juicio, en un caso que ha movilizado a los oponentes a la prohibición casi total del aborto de Polonia, una de las dos naciones europeas junto con Malta en las que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es ilegal.
Polonia, una nación mayoritariamente católica, pasó de ser en 1932 el primer país en legalizar el aborto por violación en Europa a tener una de las legislaciones de IVE más restrictivas del continente, siendo legal solo en caso de riesgo de la vida materna o por violación.
Si bien la ley no considera delito practicarse a sí mismo una IVE o disponer de pastillas para un aborto autogestionado, castiga con hasta tres años de prisión a cualquier persona o profesional que ayude a efectuarla fuera de estos dos causales.
Según expresó la activista, entre febrero y marzo de 2020, una mujer cuyo nombre no se ha divulgado contactó con ella y le pidió ayuda para interrumpir su gestación, tras recurrir sin éxito a otra asociación similar.
Anteriormente, la mujer embarazada intentó viajar a Alemania para someterse a la intervención, pero su marido la amenazó con denunciarla e impedirle ver a su otro hijo, venganza que llevó a cabo cuando descubrió las 10 píldoras de misoprostol proporcionadas por Wydrzynska.
"Una mujer acudió a mí en una situación desesperada. Me dijo que su esposo, que era violento, iba a tratar de impedirle abortar. Su historia me conmovió porque era parecida a la que había vivido yo. Sentí que tenía que ayudarla", dijo la activista entre lágrimas durante la primera vista del juicio, en declaraciones recogidas por el diario El Español.
Según precisó, la mujer que reclamó su ayuda "es víctima de una relación familiar violenta", ya que los correos electrónicos, el teléfono, el historial de navegación en internet y todas las comunicaciones están controladas por su esposo.
Las autoridades encontraron en el domicilio de la activista información y medicamentos, lo que llevó a la asociación ultracatólica Ordo Iuris a impulsar el proceso y a contribuir a la redacción del proyecto de ley.
Pese al rechazo de la defensa, el juez admitió la presencia de un miembro de Ordo Iuris, Jakub Sloniowski, como "representante de una organización social".
Según señaló Amnistía en un comunicado, más de 50.000 personas actuaron para pedir al fiscal general de Polonia que retire todos los cargos.
No obstante, el juicio ya ha comenzado y la próxima sesión se celebrará el 14 de julio.
Desde que el Tribunal Constitucional polaco criminalizó la interrupción del embarazo incluso en caso de deterioro grave e irreversible del feto, al menos dos mujeres murieron en situaciones en las que, supuestamente, los médicos se vieron obligados primar la vida del feto sobre la de la madre.
Cuando el presidente polaco ratificó con su firma el pasado año la restrictiva reforma al aborto, se sucedieron protestas multitudinarias en el país durante semanas, pese a las restricciones impuestas entonces por la pandemia.
Con información de Télam