Perú: el Gobierno decretó toque de queda tras la muerte de 18 personas en las protestas

La medida regirá por tres días y será solo para la región de Puno, afectada por la represión. Una misión de la CIDH llegó al país para observar la situación de los derechos humanos. Además, la Fiscalía abrió una investigación a la Presidenta por "genocidio".

10 de enero, 2023 | 21.56

El Gobierno de Perú dispuso el toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur, uno de los epicentros de las protestas por el reclamo de elecciones anticipadas para este año y contra la presidenta, Dina Boluarte. En esa zona, la represión terminó con 18 personas fallecidas en dos días. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo (hasta el lunes 9), 45 personas fallecieron en el marco de las movilizaciones desatadas luego de que el Congreso Nacional destituyera al expresidente Pedro Castillo, que sólo tuvieron una pausa durante las fiestas de fin de año. En este contexto, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país. 

"Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana", anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso. Poco después, la Fiscalía sumó otro anuncio que sacudió al país: aceptaba abrir una investigación contra la presidenta Boluarte por "genocidio" y "homicidio" por todas las víctimas que ya dejó la represión de Gobierno desde que asumió.

La cifra de víctimas fatales fue en aumento desde la tarde del lunes y aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo habló de 17 personas muertas, el número llegó a 18 con la confirmación de que también murió un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado este martes en la urbanización Tambopata. De un total de 40 heridos graves que había anoche, 5 personas se sumaron a la nómina de muertos, en su mayoría por impactos de proyectil, según detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge.

"Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan", exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad. 

En su presentación ante el Congreso en busca del voto de confianza al gabinete, Otárola detalló que "la inmovilización social obligatoria" -como llamó al toque de queda- se impone para "salvaguardar" la vida e integridad de las y los ciudadanos, tras las proetestas de este lunes. La medida, insistió, es "en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos".

Otárola también anunció que la presidenta Boluarte declaró duelo nacional laborable para este miércoles, en señal de respeto a las 45 personas fallecidas desde el 7 de diciembre, tras la destitución de Castillo. El funcionario reiteró que "para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas".

El lunes por la noche, un grupo de manifestantes incendió la vivienda del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, en la ciudad de Ilave, provincia de El Collao, en la región de Puno, según confirmó el legislador al portal RPP Noticias. Flore Ancachi señaló que el atentado causó graves daños a los bienes de sus parientes, ya que la casa les pertenece a sus padres y a su hermana, y anunció que no se quedará "con los brazos cruzados" al mencionar que ha identificado al presunto responsable.

Otros grupos ingresaron a las instalaciones de Plaza Vea en los distritos de Puno y Juliaca para saquear productos y hasta intentaron sacar un auto empujando desde el interior de un centro comercial.

En ese contexto, el gobierno regional de Puno, fronterizo con Bolivia, decretó tres días de duelo en toda su jurisdicción "en razón a los trágicos sucesos ocurridos en la provincia de San Román", donde se encuentra Juliaca, para "aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada", señala un decreto publicado con la firma del gobernador Richard Hancco Soncco.

Las violentas acciones del lunes empezaron cuando unas dos mil personas intentaron tomar por asalto el aeropuerto -bajo resguardo policial y militar- de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 kilómetros al sur de Lima, en un intento similar al ocurrido el sábado pasado. "Hoy, más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2.000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema", dijo a la prensa Otárola.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran) informó en su perfil de Twitter que 53 puntos en seis regiones del país se encuentran con tránsito interrumpido. La mayoría de los bloqueos se producen en Puno y entre los puntos bloqueados está la autopista hacia Desaguadero, uno de los pasos principales de comunicación con Bolivia.

La CIDH llega en misión de observación

La CIDH informó ayer que visitará Perú entre el 11 y el 13 de enero "para observar la situación de derechos humanos", en un momento de profunda crisis institucional y política en el país. Según informó el portal Ojo Público, el equipo tenía previsto visitar Ayacucho (que cuenta con diez muertes) y Puno para tomar testimonio de los hechos recientes, pero no podrá hacerlo porque los aeropuertos están cerrados. No obstante, se llevarán a cabo reunionies con representantes del Gobierno de Lima, con organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Además, viajarán a regiones que tengan vías de acceso abiertas. 

La visita de la delegación de la CIDH está liderada por el primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú, Stuardo Ralón. Y estará integrada por el Comisionado Joel Hernández; con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

En la tarde del 10 de enero, el oficial mayor del Congreso comunicó a los miembros de la mesa directiva del Legislativo la citación a sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 11 a las 3 p.m. "a fin de tratar la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". 

Con información de Télam