El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido horas después de haber anunciado la disolución del Congreso, una decisión que llegó en el marco de una crisis institucional que asedió a su Gobierno -asumido el 21 de julio de 2021-, pero que en realidad tiene larga data: desde 2016 no hay Gobierno que haya finalizado su mandato. Por su parte, el Congreso unicameral sesionó y votó por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. “El sistema político y económico peruano está desahuciado”, sentenció ante El Destape el analista político de la universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas. Por decisión del Congreso asumió la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Según informó el portal de noticias El Comercio, Castillo se trasladó a la sede de la prefectura, en Lima, por su propia cuenta, mientras en paralelo la fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra por haber disuelto el Congreso. “Fue detenido por la Policía Nacional bajo condición de flagrancia”, informó el medio y señaló que su ex primer ministro, Aníbal Torres, oficiará de abogado defensor. Unos minutos antes, la Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales: “Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional”, denunciaron.
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La vacancia presidencial
A las 15 horas de Argentina, un rato después de que el Presidente hubiera anunciado la disolución del Congreso, las y los asambleístas acudieron a su lugar de trabajo y se dispusieron a votar la vacancia presidencial. Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, se resolvió vacar a Pedro Castillo por “incapacidad moral” y se decidió que su lugar fuera ocupado por la Vicepresidenta en ejercicio: Dina Boluarte, que este miércoles se convirtió en la primera presidenta mujer del Perú.
Según explicó Cárdenas, a El Destape, las acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no se contraponen: “La decisión de Castillo perdió su legitimidad y legalidad, se considera un gobierno usurpador. Se considera atinado a derecho esta decisión del Congreso”, dijo el analista.
Al conocer la decisión de Castillo, Boluarte se expresó rápidamente en sus redes sociales en donde rechazó la maniobra y denunció la intención de perpetrar “el quiebre constitucional con el Cierre del Congreso”. Sobre ella y su gestión, Cárdenas estimó que “hay bastantes expectativas”. “Es una mujer con un manejo político mucho más sólido con capacidad de convocatoria y buenos cuadros”, señaló y agregó que la nueva mandataria debería “implementar una serie de reformas casi refundacionales, porque el sistema político se está cayendo a pedazos no tiene ninguna legitimidad, el poder judicial, los partidos políticos, políticos, ya no tienen legitimidad. Es el colapso del sistema de representación del Perú.
El desafío es que quienes ocupan los lugares de poder, sentados en los lugares de representación, le permitan avanzar en ese sentido.
En sus primeras palabras como mandataria, Boluarte, señaló: “Esta difícil coyuntura, nos pone a prueba a todos los ciudadanos”.
La disolución del Congreso
Castillo debía enfrentar este miércoles una tercera moción de vacancia presidencial. En otras palabras, por tercera vez el Congreso iba a decidir si lo sacaba de su cargo o no. A diferencia de las otras ocasiones, esta iniciativa llegó con mucha más fuerza y más adhesiones. Fue firmada por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso y otros legisladores independientes. El proyecto fue aprobado por 73 votos a favor -cuando se necesitaban 52-, 32 en contra y seis abstenciones para declarar la “incapacidad moral” para el ejercicio de la presidencia y se decidió que se trataría en el pleno este 7 de diciembre.
Antes de que el Congreso sesionara, a las 12 (hora argentina), el mandatario emitió un mensaje grabado. “Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", pronunció ante la cámara e informó que llamaría a elecciones lo antes posible para la elección de nuevas y nuevos legisladores.
Mientras tanto, dijo, se gobernaría por decreto y estableció un toque de queda de las 22 a las 4. “Se declara en reorganización el sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional", determinó. Castillo, además, se ocupó de hacer un racconto de lo que fue su gestión, los desencuentros constantes con el Poder Legislativo, enumeró los proyectos de ley que nunca fueron tratados y denunció una "obcecada campaña y de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana".
Según lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, de 1993, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso en caso de “censura” o si se ha “negado su confianza a dos (en dos ocasiones) Consejos de Ministros”. Es decir, en caso de que el Congreso niegue el aval al gabinete de ministros en dos ocasiones.
“La Constitución de 1993 de (el expresidente Alberto) Fujimori -que dio un autogolpe, en 1992- permite que le presidente disuelva el Congreso, pero con una razón. Eso fue lo que pasó con (el expresidente) Martín Vizcarra, por ejemplo, y tenía la potestad legal de hacerlo. En el caso de Castillo, como era todo tan improvisado, lanza esta medida sin la justificación, una locura. No sólo se limita al Congreso, sino que cita a Fujimori textualmente diciendo que iba a intervenir el Poder Judicial. Legalmente no podía hacer eso, no hay ninguna norma que avale esto”, explicó Cárdenas a este medio.
“Castillo, que llegó con el aval del antifujimorismo, dilapidó todo eso”, expresó el analista. Es que, previo a las elecciones el campesino, nacido en el pueblo de Puña, en el departamento de Cajamarca, prácticamente no aparecía en los sondeos de las encuestadoras. Sorprendió a todos y todas cuando se posicionó como la opción para enfrentar a ni más ni menos que la heredera de Fujimori, su hija Keiko, tres veces candidata.
Ganó ante ella por más de 50 por ciento de los votos, pero casi desde que llegó al poder, que la tensión con el Congreso fue in-crescendo, al igual que con el Poder Judicial. De hecho, al momento, tiene seis investigaciones en curso. La primera, por plagio, previo a la asunción. Luego, desde que tomó la presidencia, fue denunciado por tráfico de influencias, por ser el jefe de una organización criminal, entre otras.
La debilidad institucional, también, se vio expresada en las continuas renuncias y recambios de los ministros. Más de 50 personas pasaron por su gabinete en poco más de un año.
Ahora, bien, es necesario marcar que el Congreso está integrado mayormente por fuerzas de derecha y de ultra derecha, aliadas al fujimorismo. De hecho, según dijo Cárdenas el Congreso peruano es la institución con menos aprobación de América Latina para el Barómetro de las Américas y es percibida por la población peruana como "la más corrupta", tal lo marca Proética.
“Se puso en bandeja frente a estas fuerzas de derecha y de extrema derecha, frente al fujimorismo. Hay un grupo que se llama Renovación Popular que es casi la resurrección de la falange franquista”, indicó el analista y señaló que la prensa limeña “se portó de una manera poco democrática”, lo que se puede ver en el informe de la Unión Europea de las elecciones, que señala que la prensa peruana había sido “poco objetiva”. “Pero eso no quita que el principal responsable sea Pedro Castillo por rodearse de gente de bajo nivel, por no entablar alianzas con nadie”, marcó el analista.
Los presidentes del Perú
Aunque es mucho más profunda, la crisis en Perú se hace evidente cada vez en la caída de los gobiernos y de los presidentes.
En el país, el último mandatario que terminó su gestión fue Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016. Pero no sólo eso: todos los presidentes de los periodos democráticos están detenidos o procesados. Alberto Fujimori, está preso por violaciones a los derechos humanos.
Alejandro Toledo (2001-2006) investigado por sus vínculos con Odebrecht escapó a Estados Unidos. En julio de 2019, fue arrestado a petición del Ministerio Público peruano, pero en marzo de 2020 las autoridades estadounidenses lo liberaron bajo fianza, al considerar un bajo riesgo de escape en medio de la pandemia de Covid-19. Actualmente, es pedido en extradición por Perú, por dos procesos en los cuales se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica sur. La mayor suma de dinero para una sola persona, en los casos de corrupción presidencial del Perú.
Alan García (2006-2011) se suicidó cuando la policía fue a buscarlo: estaba acusado de amañar la contratación del Metro de Lima y, según la fiscalía, habpia recibido cerca de 24 millones de dólares de parte de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia, como para beneficiar a la empresa con la construcción de las obras de Odebrech. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) cumple arresto domiciliario por lavado de activos y terminó su Gobierno luego de darle el indulto a Fujimori -lo que después fue revertido-. Martín Vizcarra (2018-2020) fue destituido por el Congreso en una maniobra en la que se lo acusaba de tener otro cargo al mismo tiempo. Ollanta Humala y su esposa, también la justicia los vinculó con la trama Odebrecht: se los acusó de haber recibido 3 millones de dólares para la financiación de su campaña.
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