El Ministerio Público (MP) del Perú informó a través de sus redes sociales que pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, ante lo que consideraron un “intento de golpe de Estado”. Los cargos se corresponden con las acciones que llevó adelante el 7 de diciembre de 2022, cuando ante la posibilidad de vacancia presidencial mediante juicio político, decidió disolver el Congreso –una medida dispuesta en la Constitución local-, declarar el toque de queda y el anuncio de elecciones anticipadas, entre otras medidas. En ese momento, la Asamblea Nacional hizo caso omiso a las decisiones de Castillo y lo destituyó.
Las autoridades del MP acusaron a Castillo de delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, según informaron a través de la red social X, ex Twitter. "El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado", según el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación, que también incluyeron pedidos de prisión por 25 años contra la expresidenta del Consejo de Ministros (algo similar al cargo de jefa de Gabinete) Betssy Chávez Chino –en prisión preventiva por 18 meses desde junio de 2022 como parte de la investigación sobre el “autogolpe”-; los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales de la Policía Nacional Peruana Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
En tanto, solicitaron una pena de 15 años para el también expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez, por el delito de rebelión.
Según informó el diario La República, al resto de los funcionarios se los acusa de supuestamente haber coordinado con Castillo y otras personas lo que consideraron como un “golpe de Estado”. Entre ellas, a Chávez Chino, también se le endilga la supuesta idea dde idear un decreto supremo para formalizar la disolución del Congreso solicitada por Castillo, reestructurar el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, además para instaurar un Gobierno de excepción.
La destitución de Castillo dio lugar a la toma del poder por parte de su entonces vicepresidenta y compañera de fórmula, Dina Boluarte. Esos hechos se perpetraron al cabo de un año de gobierno en el que el exmandatario debió enfrentar el hostigamiento constante por parte del Congreso, que derivó en tres pedidos de vacancia. En el mensaje que difundió Castillo ese día acusó a la Asamblea Nacional de imputarlo "sin pruebas con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje".
Por otro lado, la llegada de Boluarte a la presidencia estuvo precedida por tres meses de movilizaciones y manifestaciones que consideraron, por el contrario, que fue el Congreso el que perpetró un golpe de Estado para sacar a Castillo del Ejecutivo nacional. Lo cierto es que desde el fin de la dictadura fujimorista, en 2000, sólo Ollanta Humala (2011-2016) fue el único que logró terminar su mandato, en un país que tuvo prácticamente un presidente por año y todos los representantes Ejecutivos están detenidos o acusados por hechos de corrupción, entre otros delitos.
Las marchas, concentradas sobre todo en el sur del país y en Lima, fueron respondidas por el Gobierno con una fuerte represión que dejó como saldo más de 60 muertes, ejecuciones extraoficiales y desapariciones forzadas, entre otras denuncias por violaciones a los derechos humanos.
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