La Justicia ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción cometidos en la empresa Petroperú. De esa manera, concedió el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario continúe tras las rejas, en donde se encuentra desde que fue destituido, el 7 de diciembre pasado. Mientras, este martes, el Gobierno de Dina Boluarte cumplió tres meses de un mandato manchado de sangre.
La medida, que alcanza también a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, fue solicitada el martes por la Fiscalía y anunciada este jueves por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, según la agencia de noticias Andina. Esta es la segunda prisión preventiva ordenada contra Castillo Terrones, quien ya contaba con una anterior por un plazo de 18 meses, ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, más allá de la cuestionada irregularidad en la que se llevó adelante su detención en el marco del surgimiento de fuertes protestas para que lo liberen.
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Pese a ello, el juez Checkley consideró que cada medida cautelar impuesta contra el exmandatario es independiente, informó el medio RPP. En este caso, la decisión está relacionada con una causa en la que Castillo está acusado de haber dirigido una red, integrada por familiares y colaboradores políticos, dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos. Por ese motivo, la Fiscalía le imputa los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
El martes, en una audiencia televisada en vivo por el canal del Poder Judicial, la fiscal Galinka Meza afirmó que hay “283 graves y fundados elementos de convicción” que incriminan a Castillo y otros acusados por el caso. Meza estimó entonces que al exmandatario podría corresponderle una pena de prisión de hasta 32 años.
En la anterior audiencia del último martes 7 de marzo, el expresidente Castillo negó ser parte de una organización criminal y se mostró disconforme con el accionar de la Fiscalía, pues consideró imposible que pueda darse a la fuga de una cárcel de máxima seguridad: "Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido dos ministros, sino muchos que para ejercer su función han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza del Congreso", dijo durante su intervención.
“Se me viene a acusar de que soy actor de una organización criminal. Los fundamentos y la sustentación que se me está haciendo, que puedo fugarme de un penal de máxima seguridad, que no tengo arraigo familiar. Yo no soy huérfano. Los huérfanos están en otro lado", agregó.
El expresidente está acusado en una tercera causa de haber armado un grupo de inteligencia para espiar y desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a otros funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigaban al entonces mandatario por corrupción.
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