El Tribunal Constitucional -el máximo órgano judicial del país- anuló este miércoles la denuncia contra el ex presidente derrocado Pedro Castillo por “traición a la patria”. En enero de 2022, el entonces mandatario dio una entrevista al canal de noticias estadounidense CNN, en la que dijo que estaba dispuesto a “consultar al pueblo” si Perú le otorga una salida al mar a Bolivia, un histórico reclamo que incluso llegó a la Corte Internacional.
De esta manera, quedó sin efecto la decisión había sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que declaró la “nulidad del acuerdo en lo referido a la admisión de la denuncia” en contra de Castillo, el mandatario destituido en diciembre del año pasado.
“Es un clamor de Bolivia [...] Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, dijo en una entrevista que concedió al periodista Fernando del Rincón en CNN en Español. “¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo [...] Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, añadió el jefe del Estado. En esa línea, manifestó que “no sólo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas. ¿Por qué poner una barrera?”.
Tras ello, un grupo de abogados y políticos presentó una denuncia constitucional bajo el argumento de que esas acciones “pusieron en riesgo la integridad territorial de la nación y constituían un acto de traición a la patria”.
En su pedido de disculpas, apenas unos días después, consideró que sus palabras fueron un “error” y remarcó que no haría nada “sin consultar al pueblo”. “El concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes (Alberto) Fujimori y (Alan) García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Bolivia mar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país”, dijo en una entrevista con el diario local La Noticia.
En diciembre del año pasado, Castillo pasó a formar parte de la tristemente célebre lista de presidentes peruanos con un mandato truncado, otra baja dentro de la crisis institucional persistente desde el regreso a la democracia en 2000. Tras el asedio constante de la oposición en el Congreso con la amenaza de juicio político y destitución, decidió disolver el Parlamento e instalar un Gobierno de emergencia, entre otras medidas.
Su estrategia fue rápidamente desactivada en el mismo día por las y los congresistas que lo destituyeron, para días después quedar detenido en prisión preventiva en medio de un proceso irregular ante la Justicia.
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