La presidente de Perú, Dina Boluarte, sigue en el ojo de la Justicia por las muertes en el marco de las protestas en el inicio de su mandato ilegítimo -a fines de 2022 y principios de 2023-, tras la salida irregular del expresidente Pedro Castillo. En esta ocasión, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia contra la mandataria por “homicidio calificado” e incluye también a ex funcionarios del Gobierno y acusaciones por “graves violaciones a los derechos humanos”. La demanda, en tanto, llegó al cabo de tres días de movilizaciones en el centro de la capital durante la apertura de las sesiones legislativas de este año, encabezadas por familiares de las víctimas de la represión.
"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", precisaron en el comunicado difundido en redes sociales.
En ese momento, señalaron, fueron registradas unas 44 personas fallecidas, de las cuales 41 murieron a causa de proyectiles de arma de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes. Otras 116 personas resultaron con lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, 27 por golpes con objetos contundentes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos).
MÁS INFO
Según informó el diario La República, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía informó que presentó ante el Poder Legislativo la acusación que también incluye a Alberto Otárola en su calidad de presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; a Víctor Herrera Rojas y a Vicente Romero Fernández en condición de exministros del Interior y presuntos autores de los presuntos delitos “contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia- dolo eventual en el marco de graves violaciones de los derechos humanos” contra Álex Rojas Vásquez, de 19 años; Teófilo Ramírez Ortega, de 59 años; y de Miguel Ángel Velasquez Chilingano y otros.
La Fiscalía informó que cuentan con 303 carpetas fiscales abiertas en las zonas donde se llevaron a cabo las manifestaciones sociales en contra del Gobierno. Además, está investigando a 824 personas por presunta comisión de delitos como: entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra el transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio, lesiones, en perjuicio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ratificó su compromiso de apoyar a familiares de las víctimas, que fueron registrados por diferentes sectores sociales e instituciones internacionales.
Cerrar sesión