La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció "graves violaciones" a los derechos humanos y posibles "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por las fuerzas policiales en Perú durante las protestas sociales tras la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de su vice Dina Boluarte. Quien ejerce como presidenta por sucesión constitucional desde diciembre del año pasado y pese a la masiva oposición popular, rechazó el reporte.
En el informe de la comisión, repleto de entrevistas e información recabadas por los miembros de una misión de la CIDH -y otros datos complementarios recibidos posteriormente-, se analizaron los hechos de violencia y represión policial cometidos entre el 7 de diciembre del año pasado tras la destitución del presidente y el 23 de enero último. Allí señalaron que durante el período mencionado "se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta" y que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio, ya que "se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza" en casos concretos.
Según información recibida desde Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la CIDH sostuvo que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por "el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza". Además, confirmó un alto número de personas fallecidas y heridas con impactos de armas de fuego. Incluso resaltó que, del total de muertos, 39 personas fueron víctimas de "heridas de bala" según autopsias, informes de balística y registros médicos. Muchas de las víctimas, asimismo, ni siquiera estaban participando de las protestas o se encontraban solo en las inmediaciones, sostuvo el órgano de la OEA.
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En la ciudad de Ayacucho, la CIDH denunció que hubo violaciones de derechos humanos "que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial", mientras que, por tratarse de violaciones cometidas por el Estado, el informe concluyó que "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales" y podrían calificarse como "masacre" por las circunstancias de modo. Por su parte, en Juliaca, marcó que se produjeron situaciones de "uso excesivo e indiscriminado de la fuerza" que resultaron en graves violaciones de derechos contra participantes de las protestas y terceros.
La CIDH concluyó que la superación de la crisis en Perú requiere de un "diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial", en el que todos los sectores sociales estén representados. Además, formuló recomendaciones en relación a la superación de crisis, seguridad ciudadana, atención a las víctimas, lucha contra la impunidad, institucionalidad democrática y libertad de expresión, reunión y asociación.
Por otro lado, desde la entidad dependiente de la OEA recomendaron al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas y acciones de compensación (como rehabilitación médica y psicológica, rehabilitación social, verdad y justicia). "Que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos", pidieron.
La respuesta de la mandataria Boluarte fue igual de contundente. "Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas", sentenció en una conferencia de prensa.
Con información de Télam
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