La alianza entre el fujimorismo y el partido Perú Libre quedó consolidada este miércoles con la elección de la Mesa Directiva del Congreso peruano. Mientras en las calles de la capital las manifestaciones contra el Gobierno y el reclamo por el cierre del Parlamento continúan, desde las instituciones la respuesta fue abroquelarse: “Ratifico mi compromiso con defensa del fuero parlamentario, con la institucionalidad y el Estado de Derecho", dijo Alejandro Soto, tras asumir su cargo al frente del organismo que se encarga de filtrar los debates que se dan en la Cámara. Atrás quedaron las diferencias entre el partido del ex presidente que impuso su gobierno con un autogolpe y el del que por primera vez había llevado al Ejecutivo a un maestro rural y campesino, Pedro Castillo.
“Urgente, urgente, cerremos el Congreso. Urgente, urgente, urgente, la sangre derramada, jamás será olvidada”, cantaban les manifestantes en las puertas del Congreso mientras los rodea la policía. La Mesa fue catalogada por algunos sectores de la prensa peruana como “Fuji-Cerronista”, en referencia a los dos bandos representados en la alianza: el fuijimorismo -cuya máxima expresión está en Fuerza Popular, el partido que dirige Keiko, la hija del ex dictador Alberto Fujimori- y Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, el partido identificado con la izquierda, que por primera vez había llevado a alguien por fuera de la élite política a la presidencia y consolidado como primera fuerza política en el Legislativo, pero en los últimos tiempos acabó por resquebrajarse.
“Mientras el pueblo sigue luchando en las calles por democracia, el Congreso más desaprobado de la historia contemporánea elige una mesa directiva Fuji-Cerronista. Nada que esperar de ellos. La lucha sigue hasta que caiga Dina, este Congreso y logremos una Asamblea Constituyente”, escribió la ex ministra de la Mujer durante la corta gestión de Castillo, Anahí Durand, en su Twitter.
Según publicó el diario El Comercio, en la jornada del martes el acuerdo con Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País se gestó tras un primer paso: luego de que el bloque conformado por esas fuerzas pasara de llamarse “bloque país” a “bloque democrático”, se invitó a Perú Libre a sumarse. La fórmula acordada contempla al legislador Alejandro Soto (Alianza para el Progreso-APP), para la presidencia; a Hernando Guerra García (Fuerza Popular - FP) a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre - PL) a la segunda vicepresidencia y Rosselli Amuruz (Avanza País - AV) a la tercera vicepresidencia.
"Es la primera vez que la izquierda popular tiene una representación en la Mesa Directiva del Congreso, es un hecho sin precedentes, y esperemos esté a la altura de las circunstancias", celebró el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. La figura es, al menos, controversial: el exgobernador de Junín recibió una sentencia a cuatro años de cárcel por el delito de colusión en agravio del Estado por irregularidades en la construcción del Aeródromo Regional Wanka, obra llevada a cabo en 2014, pero cuya sentencia aún resta que el Poder Judicial ratifique en segunda instancia para que se haga efectiva. Esta alianza, en tanto, acabo por erosionar lo poco que queda del partido dentro del Congreso: contaba con 37 integrantes y conformaba la primera fuerza política, ahora sólo quedan 12 legisladores, tras la salida de cuatro catapultados por la alianza. La lista 1 fue electa este martes por 77 votos a favor y sesionará hasta abril de 2024.
“El nuevo presidente del Parlamento Alejandro Soto, tiene 55 investigaciones fiscales abiertas y dos sentencias en las que figuran cobros indebidos cuando era regidor del distrito de Santiago en Cusco”, precisó el portal Wayka.
El rol del Congreso en la destitución de Castillo
La función del control político potestad del Congreso del Perú otorga un rol clave en la institucionalidad democrática. Entre ellas, se encuentran: “La investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado”, son parte de las funciones dispuestas por la normativa local. Desde ese lugar, es que actuaron las y los legisladores, que acosaron a Castillo con juicios políticos ni bien iniciada su gestión. Las denuncias por actos de corrupción proliferaron hasta que, en un tercer intento, en diciembre del año pasado, la oposición consolidó la mayoría necesaria para sacarlo del poder.
Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, se resolvió vacar a Pedro Castillo por “incapacidad moral” y se decidió que su lugar fuera ocupado por la Vicepresidenta en ejercicio: Dina Boluarte, que este miércoles se convirtió en la primera presidenta mujer del Perú. Horas antes, el mandatario, había intentado diluir el Congreso, institución que, para agosto del año pasado, por ejemplo, tenía un 85 % de desaprobación, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Sin embargo, en abril de este año, fracasó el intento de imponer una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, que alcanzó apenas 37 votos de los 52 mínimos necesarios para discutir un temario en el recinto. Por su parte, un total de 64 legisladores se mostraron en contra y hubo 10 abstenciones sobre la propuesta. En la misma línea, en tres ocasiones, el Congreso se resistió a debatir sobre un posible adelanto de elecciones. La demanda clave se escucha en las calles desde que Boluarte asumió una presidencia -sin el voto popular-, pero que impuso a fuerza de balas de goma y una represión extendida por casi tres meses, con unos 60 muertos, según los conteos oficiales.
El legislativo fue clave en el sostenimiento y en la destitución de mandatarios en los pocos años de democracia peruana. Tan es así, que en un contexto que incluye problemáticas estructurales profundas en la crisis de la institucionalidad, el último mandatario que terminó su gestión fue Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016. A él le siguió Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que cumple arresto domiciliario por lavado de activos y, tras una gestión atravesada por las denuncias en el caso Odebrecht -que atravesó a gran parte de la región latinoamericana- terminó su Gobierno luego de darle el indulto a Fujimori -lo que después fue revertido- con un pedido de vacancia del Congreso. Martín Vizcarra (2018-2020) también fue destituido en una maniobra en la que se lo acusaba de tener otro cargo al mismo tiempo.
Humala, pese a haber terminado su gobierno, él y su esposa, fueron vinculados por la Justicia en la trama Odebrecht: se los acusó de haber recibido 3 millones de dólares para la financiación de su campaña.
Pedro Castillo
El 16 de diciembre del año pasado, la Justicia peruana dictaminó la prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión. A ello, se sumó más tarde, otra prisión preventiva más, por estar acusado de ser el presunto líder de una organización criminal -acusación que tomó el Congreso en su momento para sacarlo del Ejecutivo-. En las últimas novedades, se supo que el Poder Judicial de Perú ordenó el embargo de sus bienes, a pedido de la fiscalía general peruana que solicitó una reparación civil por su accionar del 7 de diciembre.
“Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (más de 18 millones y medio de dólares) por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022”, informó la Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú en su página web.
El ex mandatario niega todas las denuncias en su contra por esos delitos y gran parte de la población que protesta, también, pide por su liberación y por que retome el poder.
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