Una vez que quedó claro que la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, no iba a llamar a elecciones anticipadas ni daba ninguna señal de querer liberar a su antiguo compañero de fórmula y mandatario destituido, Pedro Castillo, y permitir su asilo político en México, las protestas en el interior del país, en las zonas más pobres y desiguales, comenzaron a multiplicarse. Este domingo, el descontento popular de una parte importante de la población peruana ya era innegable y la respuesta violenta del Estado también: dos muertos y decenas de heridos por la represión.
La tensión y la violencia política escalaron tanto que llegaron al Congreso, donde las denuncias de golpe de Estado y los pedidos de elecciones anticipadas también se mezclaban y hasta terminaron con peleas a las piñas entre diputados. Sin poder controlar la situación, las autoridades de la cámara suspendieron la sesión y recién lograron retomarlas horas después. En las calles, sin embargo, ni las promesas de diálogo del nuevo Gobierno y su defensa cerrada a la Policía lograron suspender las protestas.
Sin apoyo popular y en medio de un clima de inestabilidad extrema, el flamante Gobierno buscó solidarizarse con las víctimas, pero sin apoyar o responder a los pedidos concretos de las protestas. Prueba de ello fue que en la misma declaración pública, el ministro del Interior, César Cervantes, lamentó la muerte de dos manifestantes jóvenes en la ciudad de Andahuaylas y advirtió que este lunes el gabinete entero discutirá la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para terminar con las protestas, según el portal de la radio local RPP.
"Adelanto que mañana habrá un Consejo de Ministros a las 8 A. M. y se ha elevado el informe para sustentar una posibilidad de declararlo solo en determinado lugar. En Andahuaylas, como los hechos acontecidos conforme estoy recogiendo de la subprefecta y también por los informes policiales, hay la probabilidad de declarar Estado de Emergencia en esa jurisdicción", aseguró en una entrevista con ese medio.
Y todo indica que es posible que aprueben esa declaración. El jefe de gabinete del flamante Gobierno, Pedro Angulo, calificó este domingo a la ola de manifestaciones como "un segundo momento del golpe", en referencia al intento de disolución del Congreso y "reorganización" del Poder Judicial de Castillo del miércoles pasado. “Nosotros interpretamos esto como un segundo momento del golpe o del intento de golpe, porque en lo real era que en la intención se buscaba primero el apoyo de las fuerzas armadas, pero también se buscaba que ciudadanía organizada saliera y tomara las calles con la Toma de Lima. Lo que vemos son los rezagos de esa sonada que ha buscado movilizar ciudadanos sin importar los costos de vidas humanas”, aseguró en una entrevista televisiva.
Mientras los funcionarios lanzaban sus amenazas, se conocían detalles de las víctimas de la represión policial en Andahuaylas. Según el diario La República, uno de los heridos es una niña de 14 años que recibió el disparo de un perdigón en el ojo.
Andahuaylas, el epicentro
Para el sábado, las protestas en esta ciudad del departamento de Apurimac, de donde la flamante presidenta es oriunda, ya eran masivas y la represión policial, descontrolada. Ese día, el saldo fueron 20 heridos: 16 civiles y cuatro policías. Al día siguiente, las historias de heridos se multiplicaban y la Policía y un hospital local informaron de dos muertos, ambos manifestantes.
Mientras las denuncias se acumulaban en las redes, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió un repliegue de las fuerzas de seguridad: "Solidaridad y profundo pesar por las muertes de dos personas: D.A.Q. (15 años) y de Becam Romario Quispe Garfias (18 años) en la protesta de Andahuaylas. Policía, basta de represión."
Además, en esa ciudad del departamento Apurímac, situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que envió el sábado desde Lima un contingente de 150 efectivos con el objeto de "restablecer el orden" en Andahuaylas.
Asimismo, un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en “insurgencia popular” y llamó a un paro por tiempo indefinido a partir del lunes en esa región, según el diario La República y la radio RPP.
Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa -la segunda ciudad del país, a unos 1.010 kilómetros al sudeste de la capital- hacia el sur de país, incluido el centro turístico de Cusco, debido a los abundantes bloqueos de vías.
La crisis, dentro del Congreso
En paralelo a toda esta violencia, en Lima, el Congreso unicameral inauguró una sesión que formalmente buscaba examinar la marcha de las “diligencias preliminares” de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta. Sin embargo, rápidamente se instaló la misma serie de reclamos que se exige en las calles.
La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, solicitó a las autoridades de la cámara que se incluya en la agenda el dictamen de adelanto de elecciones: "Estoy solicitando que se incorpore en la agenda del pleno el dictamen del adelanto de elecciones. Si vamos a convocar a un pleno, que sea para darle una solución a la crisis que vive el país, y evitemos más muertes. Estemos a la altura del pueblo que representamos", escribió luego en su Twitter.
La sesión estuvo marcada por los gritos, las acusaciones cruzadas y, finalmente, las piñas. Ante un clima de creciente crispación, las autoridades legislativas suspendieron el debate y recién horas después la retomaron. No está claro si se limitarán al seguimiento de las investigaciones contra el Gobierno destituido o si incluirá el pedido de adelantamiento de elecciones. También circula la posibilidad de que convoquen a miembros del nuevo Ejecutivo para dar explicaciones por la represión.
Lo que sí se sabe es que el Ministerio Público continúa su investigación al ex presidente destituido y sus dos ex ministros por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda. Por esa decisión, que fue considerada como un “golpe de estado” y para la que Castillo no tuvo apoyo ni de su partido ni de su gabinete ni de las fuerzas armadas y de seguridad, el Congreso destituyó inmediatamente al hasta entonces mandatario y tomó juramento a su sucesora natural, la hasta allí vicepresidenta Boluarte.
En los últimos días, Castillo y algunos aliados hablaron de un "complot" y pusieron en duda que el entonces mandatario hubiese estado en control de sus capacidades mentales cuando leyó el decreto de disolución del congreso. Ante estas denuncias, la Fiscalía le tomó muestras de sangres, según denunció el propio Castillo, que se negó a cooperar, según contó en una carta de puño y letra que fue publicada por sus aliados.
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