El pedido de juicio político a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue presentado meses después del peor momento de la represión de su Gobierno a las protestas masivas que reclamaban su renuncia. Los Bloques de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Somos Perú y congresistas independientes presentaron el proyecto de ley para que el Congreso declare “la incapacidad moral permanente” de la mandataria tal como lo establece el artículo 113 de su Constitución y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Necesitaban 52 votos, sin embargo, solo consiguieron 37, incluso menos de los esperados. Algunos de los bloques que habían impulsado el pedido dos semanas atrás votaron en contra o se abstuvieron, como consecuencia de lo que algunos creen fueron acuerdos con el Ejecutivo.
Para la socióloga y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Anahí Durand, “la situación era predecible ya que las bancadas de derecha habían adelantado su voto en contra de la vacancia”, como se conoce al juicio político en ese país andino. En ese contexto, Durand dijo que la votación realizada en el Congreso “reconfirma la existencia de un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para blindarse y continuar en el actual gobierno”.
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De esta manera, el mismo Congreso que destituyó al presidente electo democráticamente, Pedro Castillo, resolvió legitimar al Gobierno de Boluarte, uno de los Ejecutivos con más muertes en protestas a manos del Estado desde el año 2000. En tan sólo cuatro meses, al menos 68 personas que reclamaban su renuncia y una nueva Constitución murieron en la represión ordenada por la presidenta, que además dejó más de mil heridos. Hoy, mientras los aliados institucionales de Boluarte siguen firme, su desaprobación y la del Congreso es mayoritaria y ronda entre el 71% y el 90%, según el último estudio publicado por la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública CPI.
“Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y misiles para nuestro pueblo”, rezaba una de las canciones más entonadas durante las manifestaciones. Desde el mes de diciembre, el pueblo peruano está en las calles en estado de permanente movilización y su grito unificado contra la corrupción y la violencia política no se calla. Tiene algunos puntos en común con lo que ocurrió con los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile en los últimos años. Sin embargo, el caso de Perú es excepcional en la región: en los últimos cuatro años pasaron diez presidentes y ninguno de ellos logró garantizar estabilidad o establecer consensos sociales mínimos con el electorado.
Una destitución racista y patriarcal
Amnistía Internacional Perú está realizando un registro de las denuncias de familiares de víctimas en las diferentes regiones del país y su presidenta, Ana María González, explicó a El Destape que están preocupados porque existen “ataques generalizados y masacres contra la población indefensa”. Además, denunció que la mayoría de los disparos realizados por la Policía Nacional fueron con perdigones. “Es simple, si se dispara a corta distancia con perdigones puede ser mortal. Hemos visto casos, por ejemplo en Juliaca, Ayacucho y Apurímac en los que efectivamente por el uso de perdigón la represión ha sido más mortal”, destacó.
La violencia contra las poblaciones indígenas y campesinas de las regiones andinas es explícita y se relaciona, de manera directa, contra quienes eligieron de manera mayoritaria al presidente Pedro Castillo. Mientras que en Lima se han visto represiones brutales, en los departamentos del Sur se han cometido verdaderas masacres: “Hemos visto claramente que ha habido un sesgo racista hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas” opinó González. Para la presidenta de Amnistía la intención política es muy clara ya que “el 80% de las personas fallecidas son campesinos o pertenecientes a pueblos indígenas”. Para ella, si bien el racismo en Perú es histórico, “se ha hecho más latente y se ha exacerbado desde las protestas” e, incluso, desde las últimas elecciones que ganó Castillo.
Amnistía también documentó cómo la Policía Nacional reprimió a los estudiantes y docentes que se habían alojado en la Universidad de San Marcos durante las protestas. Registraron cómo abusaron sexualmente de las mujeres, que fueron insultadas, manoseadas y obligadas a desnudarse. Y no fue una excepción. En las diferentes manifestaciones que se realizan desde diciembre, la violencia sexual y el maltrato a las mujeres como hacia las disidencias ha sido otra de las características de la crisis desatada tras la destitución de Castillo.
“Para este gobierno todos somos terroristas”
Yesenia Chumbes es la hermana de Estefany Chumbes, una de los seis dirigentes sociales de Ayacucho detenidos el pasado 12 de enero de manera arbitraria y violenta. Estefany tiene 31 años, es psicóloga social y, junto a los demás dirigentes, integra el Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, una organización social que nació en 1966, nuclea diversas organizaciones barriales, campesinas y sindicales del distrito; y es una de las tantas expresiones sociales o de izquierda que el establishment político califica de terrorista desde el Gobierno fujimorista.
“Ese día estaban participando de una actividad en solidaridad con los asesinados del 15 de diciembre de Ayacucho”, recordó Chumbes en diálogo con El Destape y agregó: "Hermanos nuestros que fueron masacrados y asesinados por la Policía y pretenden responsabilizar a nuestros familiares de esas muertes o sea ellos que son los representantes del pueblo, son los que están siendo procesados”. Los acusan de haber participado en coloquios académicos en los que hablaron del conflicto armado interno durante el fujimorismo y ser parte del frente. “La tesis de la Fiscalía es que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es una organización terrorista, cuando sabemos que en el país no existen organizaciones terroristas porque para eso tienen que existir acciones terroristas” explicó Chumbes.
El pedido de una nueva constitución que sostienen los seis dirigentes de Ayacucho es una bandera que levantan los manifestantes desde la destitución de Castillo: “El 70 por ciento de la población es terrorista” ironizó Yesenia haciendo referencia al número de personas que, según las estadísticas, hoy pide una nueva constitución. “Entonces para este Gobierno todos somos terroristas, esa es la campaña, cualquier persona que tenga un discurso opositor es acusado y señalado como terrorista”, alertó Chumbes, ahora en representación de la Asociación de Familiares de los dirigentes detenidos de Ayacucho.
Pero, además de la motivación política, Chumbes denunció la falta de un estado de derecho. Las y los dirigentes fueron detenidos sin orden judicial por policías de civil. Sus familiares denunciaron que los golpearon y que abusaron sexualmente de las mujeres. También contaron que no tuvieron derecho a hablar con sus abogados y fueron expuestos en una conferencia de prensa como terroristas en la ciudad de Lima sin saber de qué se les acusaba.
Ser lideresa social no es delito
Otra de las historias que evidencian esta falta de estado de derecho es la de Janet Navarro. Una docente y lideresa del pueblo Chanka de Andahuaylas, madre de tres menores y actualmente embarazada, estuvo detenida desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo por, supuestamente, pertenecer a una organización criminal asociada al terrorismo. En realidad, según su abogada, fue detenida por realizar una colecta para alimentar a las delegaciones que viajaban a manifestarse.
La arrestaron en las afueras del aeropuerto de esa región del Sur, mientras se encontraba en una concentración pacífica y luego de recaudar 2.000 soles (unos 112.000 pesos argentinos) para las ollas comunes. Le dictaron una detención preventiva por 30 meses. Su abogada, Janet Marín, explicó que decidió representarla tras visitar a otro defendido y ver cómo estaba siendo interrogada y forzada a hablar sin que se le hayan garantizado un abogado defensor de oficio, como le corresponde por ley.
“A través de la acusación de estos delitos se logra ordenar una detención preventiva hasta 36 meses a diferencia de los delitos comunes por los cuáles se ordena una detención preventiva hasta los 9 meses”, contó Marín. El pasado viernes 31 de marzo, la abogada apeló esta decisión ante la sala penal y, luego de 74 días de detención, consiguió que se le otorgara el arraigo familiar y laboral que había exigido desde el principio. Eso sí, Navarro sigue siendo investigada por la Justicia penal.
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