El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, pidió información al gobierno de Dina Boluarte sobre las acciones realizadas para evitar las muertes en las protestas que tienen lugar en varios puntos del país. Hasta anoche la Defensoría registraba 44 muertes desde el inicio de las movilizaciones el 7 de diciembre.
En la jornada de paro nacional convocada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGT) miles de personas se movilizan también este viernes bajo la consigna "Dina, renuncia ya". La crisis golpea a la gestión de Boluarte desde su inicio desde -hace poco más de un mes-, cuando el Congreso destituyó al exmandatario Pedro Castillo. El Gobierno respondió con una fuerte represión y con un estado de emergencia decretado, que suspende garantías constitucionales. El jueves por la noche se confirmaron dos fallecimientos más.
"Hemos lamentado las muertes y los heridos que se han producido y hemos pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan", declaró Salazar a los medios tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola. En paralelo, la Defensoría del Pueblo nformó este viernes que este jueves murieron dos personas en las sureñas ciudades de Macusani, en la región Puno; y en Arequipa. Hasta anoche, solo se había confirmado una de esas muertes.
En ese contexto, el enviado de la ONU se reunió con la presidenta y saludó "la apertura (del Gobierno) para poder conversar temas de derechos humanos", reseñó Sputnik. Luego, la mandataria dio un mensaje a la nación: “El Gobierno está firme y su Gabinete más unido que nunca, llamo al dialogo, a la calma”, dijo para descartar su renuncia. Además, insistió en que "los actos de violencia no quedarán impunes" e informó que la Dirección Nacional de Inteligencia trabaja para intentar identificar a quienes hayan cometido delitos.
"No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, agricultura, cuidar la zona ganadera, más puentes, más carreteras, y que los niños empiecen clases con internet", dijo Boluarte. Durante el jueves, además de las dos personas fallecidas, se registró un gran incendio en el centro de Lima -según los reportes de los medios locales- provocado por las bombas lacrimógenas que lanzó la policía y 23 personas heridas, ocho de ellas por armas de fuego.
Desde el inicio de las protestas, la represión, también dejó dos masacres. Una, en Puno, de la zona andina de Juliaca, con 17 personas muertas, en cuyos cuerpos se verificaron los impactos de armas de fuego. Otra, en Ayacucho, ubicado en la misma zona, con diez muertes en un solo día.
El Gobierno y la misma Boluarte se encargaron de criminalizar la protesta y de deslegitimarla, alegando que supuestos financiamientos por organizaciones terroristas, de hecho, insistieron en señalar que la oposición es liderada por "azuzadores profesionales" con vínculos con el extremismo, el narcotráfico, la minería ilegal y el expresidente boliviano Evo Morales, interpretación que deslegitima la protesta que nació sobre todo en la postergada zona surandina -en donde Castillo tiene mayoría de seguidores- a les que pronto se le sumaron organizaciones sindicales, ambientalistas, feministas y hasta la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, entre otras, de todo el país para exigir la salida de Boluarte, el llamado a eleccoines inmediatas y el cierre del Congreso que hace años es de las instituciones con menos credibilidad del país. También piden respeto a los derechos humanos, mejoras económicas y no ser reprimidos.
Desde las calles muchas personas movilizadas consideran que lo de Boluarte es una dictadura -dado que no fue electa y por considerar que la salida de Castillo se dio de manera irregular y pergeñada con la derecha-. Dirigentes cívicos dijeron que se mantendrán en sus protestas hasta que Boluarte dimita y abra paso a un proceso electoral para este mismo año.
Con información de Télam
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