La muerte de Alberto Fujimori: su legado de desigualdad y autoritarismo en Perú

Alberto Fujimori representa las dos herencias más oscuras de la historia reciente de Perú: un país violento e injusto. El último dictador peruano murió el miércoles pasado y lo informó su hija y ex candidata presidencial de una de las fuerzas aún más fuertes de la escena política local, Keiko Fujimori. Sufría un cáncer hace tiempo y su excarcelación el año pasado, pese a sus múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad y corrupción, demostró que la influencia de su movimiento aún sigue siendo clave en el inestable y fragmentado sistema político nacional. 

La historia de Fujimori comenzó el 28 de julio de 1938 en el seno de una familia de inmigrantes japoneses. Sin experiencia previa en política, y después de haber estudiado agronomía y matemática, se postuló por primera vez a la presidencia en 1990, cuando le ganó en un balotaje al escritor Mario Vargas Llosa, quien se postuló por una alianza de partidos tradicionales de derecha. Cuando llegó a la presidencia, Perú tenía una fuerte presencia de grupos armados -principalmente Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán, quien también murió a los 86 años un 11 de septiembre, pero de 2021 y había sido capturado por el gobierno en 1992- y en su economía, la hiperinflación estaba descontrolada (superó el 7 mil por ciento, en 1990). Por ese combo llegó a decir que tuvo que “gobernar desde el infierno”, según declaró en uno de los juicios en su contra por violación a los derechos humanos y corrupción. Dos gestos iniciales de sus gobiernos (1990-2000) fueron anticipatorios; un modelo económico de corte neoliberal y de shock, más el uso de la fuerza. 

Fujishock y las fuerzas del cielo

¡Qué dios los ayude!”, así terminó su mensaje Juan Carlos Hurtado Miller, el Presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Fujimori el 8 de agosto de 1990, cuando anunció la punta de lanza de un programa económico que inició con aumento de precios en un 100 y 200%. El shock que produjo la medida fue inmediato y lo que vino después fue una estabilidad económica en la macro, pero sin una mejora de los niveles de vida de los peruanos y con la concentración de los beneficios en los deciles más altos.

Si en la década de los 80 la pobreza en Perú había experimentado una reducción hasta el 43%, en 1991 la tasa de pobreza a nivel nacional “se elevó hasta un 59%, llegando a 53 y 80% en áreas urbanas y rurales respectivamente”, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizado en 1999 cuando aun Fujimori estaba en el poder y que comparó los resultados de las llamadas reformas estructurales. El mismo informe analizó que en los cinco años siguientes, y según los mismos datos oficiales, se observó una “lenta reducción de la pobreza a pesar del crecimiento del producto per cápita”, pero siempre por encima del 50% de la población y el final de la gestión del matemático no fue mejor, ya que según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, para junio de 2020, la población seguí padeciendo la falta de “derrame”: 54,1% de la población era pobre y 14,8% sufría pobreza extrema. El milagro económico no derramó.

En paralelo, la estabilidad económica fue capitalizada por pocas manos: “Como resultado de la reducción en la inflación, la mayor estabilidad económica y la reducción en el costo del capital, los precios de las acciones bursátiles y el valor de las empresas se han incrementado. Esto implica un aumento de riqueza y probablemente de ingresos entre los poseedores de estos activos, que tienden a concentrarse en el decil más rico”.

Pero los resultados del llamado “milagro peruano” tampoco llegaron 10 años después de la salida de Fujimori. “La distribución del ingreso (...) muestra que el Perú en 2010 es un país más desigual que a inicios de la década del ochenta. El Gini (que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país y en el que el cero es la igual total y el 1 la mayor desigualdad) de 2010 es exactamente igual al 1980: 0,60. La explicación del problema parece estar en el estilo de crecimiento económico de una economía abierta fundamentada en la exportación de productos primarios y en la incapacidad del Estado para modificar, a través de la política fiscal, la distribución del ingreso generada por el mercado”, señalaron los economistas peruanos Janina León Castillo y Javier M. Iguíñiz Echeverría en el libro Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones. En la actualidad, Perú sigue teniendo indicadores críticos y como informó El Destape, según la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO), Perú ocupa el primer lugar del podio de la inseguridad alimentaria en América del Sur.

Las fuerzas de la tierra

El ex funcionario de Fujimori Hurtado Miller comentó hace cinco años en una entrevista con el canal PBO que al anunciar aquel 8 de agosto el aumento de precios, la gestión pensó que el programa podría requerir un sistema de represión para contener posibles protestas sociales que podrían desatarse por ese programa: “Habíamos planeado un estado de emergencia, un toque de queda. Las fuerzas armadas estaban avisadas por si acaso había asaltos a los mercados, a la gente, saqueos”, dijo Hurtado Miller y agregó que “no hizo falta”. Sin embargo, luego habría más oportunidades de recurrir a ellas y de hecho fue condenado por utilizarlas. 

El 5 de abril de 1992, cerró el Congreso y el poder judicial en un golpe de Estado con el que logró concentrar el poder. En 1993, promulgó una nueva Constitución, vigente hasta la actualidad, que permitía, a diferencia de la anterior, la reelección presidencial inmediata, en periodos de cinco años de Gobierno. Una posibilidad que fue derogada tras su salida del poder. En el 2000 tuvo la posibilidad de un tercer periodo de gobierno a partir de que el Congreso consideró que su primer periodo no debía contarse, ya que se había dado en el marco de la antigua constitución.

La concentración del poder en sus manos, le dio años de impunidad. Pero cuando dejó la presidencia, Fujimori recibió una condena a 25 años de cárcel como responsable de dos matanzas, la de Barrios Altos y La Cantuna, ejecutadas por el destacamento militar Colina, del que la Fiscalía demostró que seguía una línea de mando encabezada por el entonces presidente y su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos. Quince personas -entre ellas un niño de 8 años- que estaban en una fiesta en una casa en Barrios Altos, Lima, fueron catalogadas de subversivas y asesinadas por Colina. Con el mismo argumento, pero sin nunca presentar pruebas, el mismo grupo, secuestró y asesinó a un profesor y nueve alumnos de la universidad estatal limeña La Cantuta. 

Además, Fujimori tiene otras acusaciones por violaciones a los derechos humanos, pero que aún no llegaron a ser resueltas por la Justicia, como es el caso de masivas esterilizaciones forzadas principalmente a mujeres durante su gestión. Según la comisión del Congreso peruano que investigó los casos de anticoncepción quirúrgica en 2002, 314.605 mujeres y hombres -en su mayoría de comunidades campesinas- fueron esterilizados en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar de Fujimori y según el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem), de esa cifra solo el 10% tuvo "consentimiento genuino". El proyecto periodístico Quipu documentó en un formato transmedia parte de los testimonios de las víctimas.

Fujimori se negó a pagar reparaciones económicas a las víctimas de sus delitos. Además de masacres y esterilización forzadas, Fujimori tuvo causas por tráfico de armas y llegó a ser condenado por episodios de corrupción. 

Liberado en un marco de impunidad

Fujimori, quien había cumplido 86 años el 28 de julio, había dejado en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. Cabe una doble aclaración. Por un lado, si bien recibió múltiples condenas, las penas no se sumaron porque no son acumulables, sino que se aplicó solamente la mayor de ellas, de lo contrario, hubiese recibido perpetua. Por otro lado, el ex mandatario no quedó en libertad por haber cumplido su condena, ni tampoco por una exculpación, sino que fue gracias a un favor político. El Tribunal Constitucional (TC) le restituyó el año pasado el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien pidió a cambio que no lo destituyeran. 

El indulto fue revocado y judicializado, pero finalmente, el año pasado fue ratificado por un tribunal. Esa decisión desafió las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el indulto “por razones humanitarias” -es decir, no por considerarlo inocente- no se ajustaba a derecho. El favor le permitió estar diez meses excarcelado y morir en libertad por el beneficio que le dio la justicia, con apoyo de la presidenta Dina Boluarte. Esto implicó que el país quede en desacato ante la Corte IDH.

El proceso de impunidad se completó en Perú en agosto pasado cuando el Congreso sancionó una ley que dispuso la prescripción de delitos de guerra y de lesa humanidad. Desde ese momento, ningún acusado podrá ser procesado o juzgado por crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que de hecho significó una amnistía para los funcionarios del gobierno de Fujimori e incluso para él mismo. La norma fue cuestionada por seis organismos defensores de los derechos humanos ante la Corte IDH y esta le había recomendado al gobierno frenar su aprobación. Un nuevo frente para Boluarte y su Congreso. Lo curioso de esa norma es que estipula que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comenzó su vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002 y por ende, no puede ser aplicada en forma “retrospectiva”. Este mismo argumento fue citado por la diputada argentina de La Libertad Avanza Lila Lemoine: “En el 2003, Nestor Kirchner los manda (a represores argentinos) a encerrar, aplicándoles el (cargo de) crimen de lesa humanidad, pero Argentina firmó el estatuto de Roma en el ‘98, y estos eran crímenes que fueron cometidos en los 70 y que ya habían sido juzgados”.