El dictador Alberto Fujimori, quien asumió el poder en Perú en 1990 y se mantuvo durante una década con un autogolpe de Estado, quedó libre este miércoles, pese haber acumulado decenas de años de cárcel con cinco condenas por masacres a civiles, secuestros de periodistas y varios casos millonarios de corrupción. El martes, el Tribunal Constitucional había ordenado su excarcelación y decidido que no escucharía ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien exigió una y otra vez que el veterano mandatario de facto siga preso, ni a la Corte Suprema, quien en 2018 había decidido anular el indulto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien intentaba conseguir el apoyo del fujimorismo y evitar una destitución.
Frente a una multitud de cámaras de canales de televisión locales e internacionales, Fujimori abandonó la cárcel de Barbadillo, en las afueras de Lima, a los 85 años. Afuera, frente al cordón de la Policía Federal, lo esperaban sus hijos, Keiko y Kenji, dos herederos que tuvo el movimiento fujimorista a través de los últimos años, y decenas de sus seguidores con banderas rojo y blancas. Según adelantó un vocero de esa fuerza política, el dictador se fue a la casa de su hija Keiko tras salir del penal y fundirse en un abrazo con su familia.
Un dictador que cometió todo tipo de crímenes
Fujimori fue condenado por varios delitos cometidos por su Gobierno durante la década de los 90. Entre ellos, uno de los más graves fue la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. También fue encontrado responsable del asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la región de Lima.
En total, fue condenado en cinco casos. En primer lugar, por usurpación de funciones públicas. La sentencia se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados "vladivideos". Fue condenado a seis años de prisión.
Dos años después, llegó la causa que más conmoción causa en el movimiento de víctimas y defensores de los derechos humanos en Perú. El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia: 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes, de un profesor de La Cantuta y de otras 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además, se lo condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992.
Ese mismo año, 2009, también aceptó su primer cargo por un delito económico. Reconoció el delito de malversación de fondos al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Justicia le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito.
En 2015, recibió su cuarta condena relacionada a delitos de corrupción, es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra del voto de varios congresistas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima.
Finalmente, ese mismo año, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a ocho años de prisión por otro caso económico: había desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los 'diarios chicha' que apoyaron su segunda reelección.
Aún indultado, Fujimori deberá pagar una millonaria indemnización
La procuraduría anticorrupción de Perú aclaró este miércoles, tras la decisión del Tribunal Constitucional, que Fujimori puede ser indultado por todas las condenas que pesan sobre él, pero de todas maneras debe pagar unos 15 millones de dólares que aún debe como indemnizaciones en un caso civil por delitos de corrupción.
La procuraduría explicó que, aunque la condena estipuló esta reparación civil hace años, el Estado nunca pudo cobrarla a través de la incautación de su "pensión vitalicia" porque Fujimori desistió de cobrar su pensión en su condición de ex presidente y no cuenta con ningún bien o propiedad registrado a su nombre.
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