El Gobierno de Dina Boluarte lleva más muertes que días de gestión. Suman 48 las personas fallecidas, según el reporte de la Defensoría del Pueblo. El último, según contó el portal Ojo Público, es un chico de 15 años, que participó de las protestas en la región andina de Puno. “Nos dirigimos a los tres Poderes del Estado y a la ciudadanía en general para manifestarle (…) nuestra firme condena por las muertes ocurridas”, escribieron en un comunicado las y los gobernadores regionales organizados en asamblea. Allí, además, en consonancia con las demandas sociales, exigieron diálogo y adelanto de las elecciones.
Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre luego de que el Parlamento unicameral votara la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Desde entonces, el estado de movilización se extendió poco a poco por las regiones con el reclamo de anticipo de elecciones y por el cierre del Congreso. Tras el impasse en las fiestas de fin de año, la salida a las calles se retomó y pasó a ocupar 10 a 25 regiones del país con bloqueos y marchas. Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, según la Superintendencia de Transporte Terrestre, es en donde se hay mayor concentración de protestas en los últimos días.
"Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista", dice la proclama y convocatoria de un conglomerado de organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda para la jornada de este jueves en la capital del país, Lima.
Ante este panorama, el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un pronunciamiento con tres puntos en los que condenó las muertes en Puno y en otras regiones del país “producto de la protesta popular y el accionar del Gobierno”, sobre lo que solicitaron investigación y sanción.
Además, insistieron en su posición para efectivizar el adelanto de las elecciones generales “con recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato, como una solución efectiva a la crisis política”. Por último, exhortaron a la ciudadanía a “mantenerse vigilantes y a manifestarse pacíficamente”.
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Mientras tanto, la Defensoría confirmó en la noche del miércoles la muerte de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad campesina de Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, ubicada en Cusco, en el sureste del país. "Demandamos una investigación inmediata para dar con los responsables del deceso y proceder a la sanción respectiva. Nuestros comisionados se encuentran en alerta en zonas de movilización en regiones del país", indicó el organismo que cada día emite un reporte con cantidad de personas heridas, muertes y puntos de movilización.
En medio de una crisis que no cesa, el país vivió su segunda masacre en menos de un mes: 17 civiles y un policía fueron asesinados durante las movilizaciones en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, Puno. La mayoría de ellas por herida de arma de fuego. La primera había sido el 15 de diciembre pasado, también durante el mandato de Boluarte, cuando diez personas fallecieron en Ayacucho en un sólo día por salir a reclamar por el respeto de la voluntad popular que llevó al Ejecutivo nacional al docente campesino Castillo.
"No somos terroristas, somos juliaqueños", gritaban durante el velorio colectivo que se hizo en la parte posterior de la morgue del Hospital Carlos Monge Medrano, en Puno. Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados y cada uno tenía encima una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.
Desde el pasado 15 de diciembre rige en distintas zonas del país el Estado de excepción, que restringe derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito. Pese a ello, el Gobierno reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y aseguró que garantiza el derecho a la protesta, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de recibir a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la situación del país.
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