El avance de dos investigaciones golpeó en las últimas horas al entorno del presidente de Perú, Pedro Castillo. Por un lado, el Poder Judicial peruano dictó este martes una orden de detención preliminar contra seis allegados del mandatario en el denominado caso Sarratea, que investiga supuestos delitos de tráfico de influencias y trato de favor en la entrega de obras públicas. Por otro, la Fiscalía allanó las oficinas y residencias de seis congresistas y de la hermana de Castillo por presunta organización criminal en el Ejecutivo. Según denunció en sus redes sociales, la situación constituyó un “acto abusivo” que “afectó la salud” de su mamá.
“(Se dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, señaló este miércoles la Justicia peruana. La orden afecta a seis miembros del círculo cercano del mandatario, entre los que se encuentra uno de sus hombres de confianza, Alejandro Sánchez Sánchez, además de su exjefe de asesores, Salatiel Marrufo, y Biberto Castillo, supuesto miembro del "gabinete en la sombra", tal como señalan los medios locales.
Sánchez Sánchez fue el único que no fue encontrado por las autoridades durante el allanamiento de su casa, situada en la calle Sarratea, en un barrio en el oeste de la capital, Lima, donde las investigaciones apuntan que se realizaban encuentros entre el presidente peruano y los suyos.
Tras el operativo, el Presidente acusó al Ministerio Público de poner en riesgo la salud de su madre durante un operativo realizado en casa de su hermana, en el marco de este caso: "La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la nación por la salud de mi señora madre", denunció en su cuenta de Twitter.
La madre de Castillo se encontraba en la casa de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del presidente, ubicada a las afueras de la capital, según informó Latina Noticias. Además, el medio local RPP indicó que la salud de la madre de Castillo es “delicada” y, de hecho, una ambulancia llegó hasta la casa para brindarle asistencia médica.
La investigación contra el mandatario surgió tras un reportaje en la televisión peruana en el que se le acusaba de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas. El mismo medio antes mencionado, además, indicó que el motivo del allanamiento era registrar e incautar documentos y equipos de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del jefe de Estado.
Los "niños" del Presidente
En paralelo, la Fiscalía también realizó este martes allanamientos a seis legisladores del partido centrista Acción Popular (AP), investigados de manera preliminar en otra causa por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El grupo de parlamentarios es conocido y denominado en los medios peruanos como “Los niños” por, supuestamente, obedecer las órdenes del Presidente Castillo.
El Ministerio Público informó que el propósito del allanamiento es "recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas". "A esos legisladores se les investiga, también, por presuntamente haber puesto a funcionarios claves en el Ejecutivo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno", indicó la Fiscalía, reportó RPP.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que los seis congresistas acciopopulistas Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores, Juan Carlos Mori, Ilich López y Darwin Espinoza sean investigados por el presunto delito de organización criminal, según un informe del último domingo del diario El Comercio.
Por este caso también se investiga al presidente Pedro Castillo y al prófugo extitular de esa cartera Juan Silva por el delito de organización criminal. La titular del Ministerio Público amplió el plazo de las investigaciones por 36 meses; es decir, hasta el 2025.
El documento fiscal, citado por El Comercio, señala que los seis congresistas acciopopulistas habrían obtenido beneficios ilícitos a cambio de sus votos en el Parlamento, entre ellos el direccionamiento de licitaciones del MTC. Así, se indica la lista de siete obras de Provías Nacional que Karelim López reveló a la Fiscalía como parte de su colaboración eficaz.
En tanto, está previsto que la fiscal general del país, Patricia Benavides, presente esta semana una acusación con hasta tres delitos contra el presidente Castillo por organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la que pretenden sacarlo del cargo, reportó la agencia de noticias Europa Press.
La denuncia de Benavides sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto Puente Tarata III y en la compra de biodiésel B100 por parte de la empresa estatal Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias con la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de esta compañía.
Con información de Télam.
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