El Congreso unicameral de Perú admitió hoy con holgada mayoría una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la tercera desde que asumió el gobierno hace poco más de un año, y volverá a debatir si lo destituye. La iniciativa fue aprobada la noche del jueves, tras dos horas de debate y con 73 votos a favor (se necesitaban 52), 32 en contra y seis abstenciones, según el diario limeño La República.
La moción acusa a Castillo del "desmantelamiento de la administración pública y copamiento clientelista de las instituciones del Estado", y se basa en argumentos esgrimidos por la Fiscalía General y en hechos comprendidos en una acusación constitucional. La iniciativa fue firmada por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso y otros legisladores independientes.
Para que la vacancia avance se necesitarán 87 votos (dos tercios sobre 130 congresistas totales), un número que fue imposible de alcanzar para la oposición en los dos intentos anteriores. Los ataques opositores al Ejecutivo tuvieron, además, otras dos votaciones: la Comisión de Constitución aprobó, por un lado, un proyecto que busca incorporar al Reglamento del Congreso el procedimiento para la suspensión del presidente con 66 votos; por el otro, le dio visto bueno a otro proyecto para adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023, lo que implica comicios presidenciales para el año próximo.
Se trata apenas de dictámenes de comisión, que deben ir al pleno del Congreso, pero que marcan el tenor de la ofensiva parlamentaria contra Castillo. La primera de las iniciativas implica una reforma constitucional, por lo que solo puede entrar en vigencia si es aprobada por votación calificada (87 votos) en dos legislaturas o si suma 66 votos pero atraviesa con éxito un referendo, señaló el sitio de RPP.
Que se necesiten dos legislaturas implica que el Congreso debe votarlo con esta composición y con la que surja de nuevos comicios, lo que dejaría a Castillo fuera del alcance de la eventual modificación. Todos estos pasos en el Congreso coincidieron con la presentación de la misión de alto nivel de la OEA de su informe final ante el Consejo Permanente de la organización. En sus conclusiones, el grupo insistió en la necesidad de iniciar una "tregua política" en tanto se conforma y se convoca al diálogo, a fin de lograr un "consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad", reportó el sitio de diariocorreo.
Juzgó además que los procesos judiciales "deben seguir su curso en el plazo de ley" y sugirió la puesta en marcha de un "diálogo formal" entre Presidencia, Poder Legislativo, la justicia, los representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil, "libre de condicionamientos, y asistido por un tercero -organizaciones internacionales- para acompañar o ayudar".
"El Ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar las reglas de juego, para consensuar una agenda de Gobierno. El diálogo debe ser incluyente, orientarse al bienestar de la población, vinculante y respetuoso de todo que garantice la credibilidad y la confianza", señaló el Grupo de Alto Nivel. El Consejo Permanente debe votar la próxima semana ese documento.
Con información de Télam
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