La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue denunciada este lunes constitucionalmente por la fiscal general, Patricia Benavides, por su responsabilidad en las muertes de manifestantes durante las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de 2022, y ahora le corresponde a una comisión del Congreso analizar la presentación. La denuncia constitucional ante el parlamento es "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros", dijo Benavides en una alocución que compartió en redes sociales.
La fiscal hizo su denuncia horas después del arresto de su principal asesor, Jaime Villanueva, por una investigación que la señala como líder de una presunta red de corrupción que presionó para destituir a operadores de Justicia. Benavides también denunció constitucionalmente al jefe del Gabinete de ministros, Alberto Otárola, al ex titular de Interior Vicente Romero y a otros funcionarios de la administración Boluarte.
"Continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de lo que se hace cargo el Ministerio Público, porque es a ustedes, peruanos y peruanas, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad", indicó la fiscal de la Nación.
Después de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia y de la asunción en su lugar de Boluarte, el 7 de diciembre pasado, se registraron protestas y manifestaciones casi a diario en varias regiones de Perú, sobre todo en el sur. La represión de esas protestas le valieron al Ejecutivo advertencias de la OEA y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
"No se debe permitir la muerte de ningún peruana o peruano, así como tampoco el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos; el pueblo se da cuenta de eso", afirmó además Benavides, en alusión al escándalo que sacude al Ministerio Público.
La investigación que condujo al arresto de Villanueva incluye pruebas de que el asesor de Benavides envió a un grupo de congresistas la resolución de la Fiscalía que archivaba la investigación contra los legisladores denominados "Los Niños", y que llevó a la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos. Los fiscales supremos exigieron la renuncia de Benavides por las acusaciones de liderar una presunta organización criminal.
De madrugada, los fiscales y la Policía allanaron varias sedes del Ministerio Público y, al mismo tiempo, detuvieron al asesor Villanueva. De acuerdo con la tesis preliminar, Benavides, Villanueva y otros funcionarios habrían influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de Ávalos.
Benavides atribuyó la investigación a quienes buscan entorpecer su tarea.
"La Fiscalía está llevando a cabo investigaciones de casos de máxima relevancia, y aquellos implicados intentarán utilizar todo su poder para obstaculizar el progreso de la justicia. Las últimas horas son una demostración de quienes no desean ser investigados y tienen la capacidad de tomar represalias contra la institución que represento", señaló.
Sin relación directa con las acusaciones en su contra, Boluarte habló hoy en un foro internacional, en el que destacó que cerca de cumplir un año en la gestión no tiene "atisbo ni carpetas de investigación por temas de corrupción". Según la estatl agencia Andina, Boluarte agregó: "Seguimos avanzando; si hay algo que investigar, que se investigue y se haga en forma célere. Las investigaciones ratificarán que el primer gobierno liderado por una mujer andina en 200 años de vida republicana actuó, y siempre actuará, con honestidad, transparencia y sin corrupción. Tenemos la conciencia limpia y el corazón tranquilo".
Con información de Télam
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