La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, al que acusó de organización criminal y tráfico de influencias, entre otros delitos, lo que podría derivar en un juicio político al mandatario. Aunque no puede imputarlo oficialmente, sí puede investigarlo.
En paralelo, agentes fiscales allanaron las viviendas de seis legisladores y de una hermana de Castillo y dictaron una orden de detención preliminar contra seis colaboradores suyos, mientras la Policía reveló supuestas gestiones del mandatario para que un ex secretario suyo, acusado de varios delitos y en prisión preventiva, obtuviera asilo en Venezuela.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, afirmó a la radio RPP que la denuncia constitucional de la Fiscalía viola “frontalmente” la legislación y resoluciones judiciales, por lo que anunció que presentaría “una demanda constitucional de amparo” ante la Corte Suprema, “porque se está afectando los derechos fundamentales del presidente con esta actuación arbitraria y despótica del Ministerio Público”.
“La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra el presidente de la república, Pedro Castillo, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes (entradas) del Congreso de la República”, informó el Ministerio Público en Twitter. “En el Ministerio Público estamos convencidos de que la igualdad ante la ley demanda que todos respondan por sus actos como pieza clave de la administración de justicia; nuestro país vive plagado de corrupción y es nuestro deber erradicarla”, dijo Benavides en un mensaje televisado en el que anunció la presentación ante el Legislativo, según el diario limeño La República.
La denuncia también alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes integraron el gabinete de Castillo como ministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente.
La fiscal Benavides unificó dos casos y sostuvo en la denuncia que el jefe del Estado cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto para la construcción del Puente Tarata III y en la compra de biodiésel por parte de la empresa estatal Petroperú. También le imputó colusión agravada y tráfico de influencias en el caso de la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la petrolera estatal.
De acuerdo con la legislación vigente, la fiscal de la Nación solo puede investigar al presidente en ejercicio pero no acusarlo formalmente. El Congreso es el que tiene la facultad de sancionar una acusación constitucional, que puede derivar en el juicio político al mandatario y eventualmente en su suspensión, su destitución o incluso su inhabilitación para la función pública.
La fiscal había abierto cuatro investigaciones al jefe del Estado por presuntos actos de corrupción, todas ellas relacionadas con una supuesta mafia instalada en el gobierno, sospechada de conceder obras públicas a cambio de beneficios económicos. En el contexto de esas investigaciones, el Ministerio Público realizó este miércoles varias operaciones.
Por la mañana, se allanaron las viviendas y los despachos de seis congresistas del partido opositor Acción Popular (AP, de centro) conocidos como “Los Niños”, investigados de manera preliminar en otra causa por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ese caso también se investiga a Castillo y a Silva, que permanece prófugo, por el supuesto delito de organización criminal.
En paralelo, la Fiscalía ejecutó la orden de detención preliminar contra los llamados “asesores en la sombra”, un grupo de seis personas cercanas al presidente que se habría beneficiado con obras públicas y nombramientos en ministerios y direcciones. Solo uno de ellos, Alejandro Sánchez, no fue encontrado por las autoridades en su casa de Lima, donde se sospecha que Castillo mantenía reuniones que no eran registradas en la agenda de actividades oficiales.
También fue allanada la vivienda de la hermana del mandatario, donde las autoridades buscaban a Gianmarco Castillo, sobrino del gobernante. “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana, mi madre se encuentra ahí, este acto abusivo ha afectado su salud; responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo el jefe del Estado en Twitter.
La investigación contra el mandatario surgió tras un informe de una televisora local en el que se lo señaló de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas.
Además, por la tarde, medios locales difundieron un informe del Equipo Especial de la Policía que apoya a la Fiscalía, en el que se afirma que Castillo llamó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para pedirle que asilara en ese país a su ex secretario Bruno Pacheco, entonces prófugo, acusado de varios delitos y actualmente en prisión preventiva en su domicilio. De acuerdo con ese informe, el objetivo del asilo era evitar que Pacheco colaborara con el Ministerio Público peruano en investigaciones que afectan al presidente.
De hecho, Pacheco está buscando ahora convertirse en “colaborador eficaz” de la Fiscalía, según el diario El Comercio.
Con información de Télam
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