Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo en Perú dio luz verde al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. A favor del informe votaron en bloque los legisladores de los partidos de la oposición Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso.
"Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación, que declara procedente las denuncias constitucionales 268 y 269, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte", escribió a través de la cuenta oficial de Twitter el Parlamento, informó la agencia de noticias AFP y Sputnik.
Cabe destacar que los tres votos en contra vinieron del partido que llevó al poder a Castillo, Perú Libre, y del Bloque Magisterial, aliado del Gobierno. De todas formas, es clave resaltar que el vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, no votó a favor ni en contra de Boluarte, quien fue expulsada en enero pasado de Perú Libre.
La Contraloría General señaló, el pasado 23 de mayo, que la vicepresidenta habría faltado al artículo 126 de la carta magna que indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas". Además, sostuvo que Boluarte, estando en la vicepresidencia, firmó documentos como titular del Club Departamental Apurímac, una institución privada sin fines de lucro.
Al conocerse dicho informe, la vicepresidenta negó haber cometido alguna irregularidad aunque después sí admitió haber firmado documentos del club departamental cuando ya era ministra de Estado. Frente a esto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes los informes de las denuncias constitucionales, por lo que se asignará un ponente para la parte demandante. Asimismo, se celebrará una audiencia en la Subcomisión para que la parte demandante y Boluarte expongan sus descargos.
Tras dichos descargos, el resultado será elevado a la Mesa Directiva compuesta por el presidente y los tres vicepresidentes del Congreso, para luego pasar a pleno para su debate y votación. De aprobarse la denuncia en el pleno, la vicepresidenta podría ser prohibida de ejercer la función pública, lo que equivaldría a su destitución como ministra y vicepresidenta. Si se la sanciona, se colocaría al jefe del Congreso en la línea de sucesión de Castillo -quien sobrevivió a dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 11 meses en el poder-.
Al mismo tiempo, una posible inhabiliación de Boluarte podría reactivar los planes para destituir al presidente Castillo -cuyo mandato culmina en 2026-. El abogado de la vicepresidenta, Alberto Otárola, calificó la decisión como un intento de "inhabilitación exprés" y sostuvo que "no existe la causal de infracción a la Constitución [...]. Esperemos que la cordura se imponga en el Congreso".
Cabe remarcar que Boluarte negó hace dos semanas que vaya a renunciar por este caso, señalando que se trata de una maniobra política para tirar abajo al gobierno. Según la vicepresidenta, este caso "ha sido el pretexto perfecto de los señores de la derecha para ir sobre la vacancia" y destituir al máximo mandatario del país.
Con información de Télam.
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