La tensión entre los manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la Policía volvió a escalar en ese país con la toma e incendio de las instalaciones de una mina en Cusco, el reporte de otro incendio en un centro binacional en la frontera con Bolivia y también en Lima, donde unas siete mil personas gritaron consignas contra el Gobierno. Las movilizaciones se llevan a cabo desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso decidió destituir a Pedro Castillo; por lo que Boluarte, su entonces vicepresidenta y excompañera de fórmula, ocupó su lugar. En las calles, exigen su renuncia, el llamado a elecciones inmediatas y el cierre del Congreso nacional, manejado principalmente por fuerzas de derechas aliadas o cercanas al fujimorismo.
La segunda jornada de paro nacional convocada bajo la consigna "Dina, renuncia ya" por parte de la Central General de Trabjadores del Perú (CGTP) se llevó a cabo con igual violencia que con la que se vienen viviendo los días en el país sudamericano. Allí, desde que comenzaron las protestas, hubo dos masacres, en Puno y Ayacucho, en la zona surandina, en donde fallecieron casi 30 personas en sólo dos días en donde se pudo constatar el uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales. En algunas de las regiones, además, fue decretado el estado de excepción, que suspende las garantías constiticionales y prohíbe el derecho a reunión.
En Cusco, por ejemplo, un grupo de manifestantes ingresó al campamento de la mina Antapaccay para exigir que paralicen por completo sus actividades en solidaridad con la población que acata un paro en reclamo de la renuncia de Boluarte y el llamado anticipado a elecciones presidenciales y legislativas. Según reportó el sitio RPP, el personal de la mina intentó establecer un diálogo, pero todo terminó en una confrontación en la que partes de las instalaciones terminaron incendiadas.
Desde adentro de la mina Antapaccay los manifestantes repelían esta tarde a piedrazos a los efectivos de la Policía Nacional que intentaba ingresar para controlar la situación. Según pudo reportar el portal Ojo Público, la empresa difundió un video y luego una declaración en la que condenó los actos de violencia y mercó que la compañía Minera Antapaccay general el 70 por ciento del presupuesto municipal de la provincia de Espinar.
En tanto, otro grupo de manifestantes intentó tomar hoy el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco, luego de que las actividades estuvieran suspendidas ayer y retomadas hoy, pero la Policía consiguió despejar la zona y la aeroestación volvió a operar con normalidad-
Otro incendio se registró a primera hora de la tarde de cuando un grupo de manifestantes ingresó en el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero, esta institución se encuentra entre las comunidades de Carancas y Lupaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, reportó el diario boliviano Los Tiempos.
En Lima, en tanto, las marchas y manifestaciones se hicieron notar en varios puntos de la ciudad. Allí, las organizaciones informarpon sobre la llegada de delegaciones desde distintas regiones durante la semana para formar parte del paro nacional. Más temprano, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, uno de los organizadores de las protestas, anticipó que las manifestaciones contra la presidenta Boluarte, que reúnen en Lima a miles de personas venidas de las zonas andinas e incluyen bloqueos de vías en varias partes del país, van a continuar.
"La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente", declaró López y consideró que "la jornada del jueves fue un éxito. Los trabajadores paralizaron sus actividades. En Lima la marcha era pacífica, pero la policía comenzó los ataques con gases lacrimógenos, perdigones e incluso balas", denunció el líder sindical.
En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, este mediodía, confirmó el fallecimiento de 54 personas en el contexto de la represión y de las protestas, ademas de casi 1500 personas heridas.
Por su parte, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país tras la multitudinaria manifestación que se desarrolla en varias regiones, incluida la capital, Lima. "La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca", aseguró anoche en un mensaje televisado en el que se la vio rodeada por algunos de sus ministros. Además, en cada una de sus declaraciones, se encargó de deslegitimar las protestas y aducir que existen quienes financian a la oposición para que se movilicen en su contra.
"Este Gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta", manifestó Ricardo Mamani de 47 años. "Hemos viajado por 42 horas desde la región de Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz", agregó el poblador aimara. En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
"Invitamos la intervención de los derechos humanos, no sentimos la presencia del derecho internacional. No hay nadie quien nos defienda", denunció Mamaní, que vestía de negro en señal de luto por las víctimas de la región Puno. La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el poder de Lima.
En tanto, el enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, pidió información al Gobierno de Boluarte sobre las acciones realizadas "para evitar que estas muertes y heridos se repitan", tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola. Actualmente, casi un tercio del país, que tiene 25 regiones -entre las que se encuentran Callao, Lima y Cusco-, está bajo estado de emergencia hasta mediados de febrero, lo que autoriza a militares a intervenir junto a la policía.
La Fiscalía se desmarcó de Boluarte
En la noche del jueves, dio un mensaje a la nación en el que afirmó que "no quedarán impunes" aquellas personas que participaron de acciones violentas. Sin embargo, en la jornada de este viernes, la Fiscalía General, emitió un comunicado en el que se desmarcó de la mandataria.
“Se recuerda a los poderes del Estado, organismos constitucionales e instituciones públicas y privadas, que el Ministerio Público es un órgano institucional autónomo”, responde el comunicado de la Fiscalía de la Nación, liderada por la fiscal Patricia Benavides, en relación con las declaraciones de la jefa de Estado.
En esa crítica, indicó el portal La República, reitera que “la función de investigación del delito es una competencia constitucional del Ministerio Público, la cual se cumple con autonomía, independencia y sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática”.
En el comunicado, además, destacaron “su compromiso de actuación objetiva en defensa de la legalidad y de los derechos humanos de todos los peruanos”.
Con información de Télam
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