Presionado por la oposición, organizaciones y referentes civiles y múltiples protestas, el presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el toque de queda que había decretado anoche para Lima, la capital, y la localidad vecina de Callao para frenar las manifestaciones y disturbios de los últimos días por el alza de los precios de alimentos y combustibles. "Debo anunciar que vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo durante la reunión que duró horas en el Congreso, mientras afuera, en las calles, la policía forcejeaba con cientos de manifestantes que querían llegar a la sede legislativa y, horas después, estalló una represión masiva y múltiples disturbios frente a edificios públicos.
El mandatario hizo su anuncio ante la prensa antes de abandonar el Palacio Legislativo y dirigirse a la sede del Ejecutivo para firmar la derogación: "Hemos demostrado la predisposición de diálogo con el Legislativo", dijo frente a la prensa, en la puerta del Congreso, según el diario local El Comercio. "El Perú no está pasando un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarlo son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder, somo los poderes del Estado los que tenemos que estar al frente de los problemas", continuó, mientras de fondo se escuchaban el ruido de cacerolas y de las protestas.
Las palabras del mandatario, sin embargo, no lograron calmar los ánimos, al menos de inmediato. En las calles, las manifestaciones continuaban. A los forcejeos iniciales con la Policía, le siguieron escenas de represión masiva de la Policía con gases lacrimógenas y con las fuerza montada. Al caer la noche, las corridas de los que protestaban y las avanzadas de los policiales habían convertido algunos puntos de la capital peruana en una autentica batalla campal.
En tanto, desde el Congreso, la primera vicepresidenta del cuerpo, la opositora Lady Camones, pidió la renuncia de Castillo, cuando éste ya se había ido del edificio, y luego legisladores opositores comenzaron a juntar firmas para pedir la interpelación del primer ministro, Anibal Torres.
Una jornada de incertidumbre y tensión
El día había arrancado con imágenes de autopistas y avenidas prácticamente vacías, largas colas esperando colectivos que tardaban más de la costumbre y autos atiborrados de personas que querían escapar a la incertidumbre del transporte público. Poco a poco, policías y militares establecieron cordones en las entradas y salidas de algunos barrios claves y en las bajadas de las autopistas para controlar que solo las personas autorizadas pudieran pasar. Según el decreto presidencial, solo "podrán realizar sus actividades con normalidad el personal que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas".
Ya para la mañana había largas colas frente a los hospitales, que solo atendieron casos de emergencia ya que gran parte de su personal no logró llegar a los centros de salud. Además, algunos trabajadores se quejaban frente a periodistas locales porque sus empleadores no les permitían faltar pese al toque de queda y no tenían cómo trasladarse.
La Policía informó que detuvo a 48 personas por violar el toque de queda durante la jornada.
En paralelo, durante la mañana, las protestas estuvieron limitadas a un sinfín de comunicados y declaraciones de organizaciones civiles como la Defensoría del Pueblo o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o referentes de la Iglesia Católica. Todos coincidían en que el gobierno se había excedido al decretar el toque de queda y que estaba cercenando los derechos de la ciudadanía para contener un reclamo social. La Junta de Portavoces del Congreso, que reune a los jefes de bancadas, emitió también un comunicado, aprobado en mayoría, sin el apoyo del oficialismo: "Exigimos al Poder Ejecutivo derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis", escribieron y agregaron: "Es incomprensible una medida dictada al filo de la medianoche, que ha perjudicado a la mayoría de la población que trabaja para poder llevar el alimento básico diario a sus hogares".
Los legisladores hacían así referencia a los trabajadores informales que representan la gran mayoría de la fuerza laboral en Perú y que demostraron durante la pandemia ser un sector especialmente vulnerable que vive del día a día. Este martes, varios mercados populares del Gran Lima amanecieron cerrados.
En medio de la creciente tensión, el presidente Castillo decidió mantener su compromiso de ir al Congreso para limar asperezas y buscar acuerdos con la mayoría opositora. Hace horas que está reunido con las autoridades del pleno y los jefes de bancada. En paralelo, en las calles, las protestas comenzaron a multiplicarse y a llegar al centro de Lima, donde un enorme cordón policial, y en algunas zonas militar, cerraban su avance, especialmente para evitar que lleguen a la sede del Poder Legislativo.
Durante la reunión dentro del Congreso, el primer ministro Aníbal Torres, quien acompañó al mandatario, defendió la decisión de imponer un toque de queda en la capital y la localidad vecina: “Se iba a producir una convulsión social, robos, saqueos, vandalismo, cierre de negocios, enfrentamientos violentos con la PNP (policía nacional), generar desabastecimiento y así ir a pedir nuevamente la vacancia o renuncia del presidente”. “Si en las próximas horas vemos que se peligro va desapareciendo, no tenemos ninguna dificultad para derogar inmediatamente esa norma”, había agregado, antes que, finalmente, Castillo anunciara que daba marcha atrás.
Todo indica que Castillo no entró a la reunión en el Congreso con la idea de levantar el toque de queda. Poco antes de ese encuentro, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, había defendido la medida ante la prensa. “Les pido que entiendan esta situación, estamos tomando estas medidas para proteger la vida, la propiedad pública y privada. Hago un llamado a toda la población a que respete la medida”, aseguró, según el diario local La República. No obstante, había deslizado: "No considero que la inmovilización continúe por más días".
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