El Congreso (unicameral) de Perú aprobó por 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones la investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para evaluar “la remoción de la totalidad de los integrantes de ese organismo, por haber incurrido en actos que configuran una situación de causa grave”. Las y los congresistas fujimoristas y oficialistas acusan a las y los jueces integrantes de la JNJ (equivalente del Consejo de la Magistratura argentino) de “intromisión” por haberse pronunciado ante la inhabilitación de una jueza a la que acusaron de “omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales” por no investigar al expresidente Pedro Castillo cuando estaba en funciones.
Según informó en un comunicado el Congreso de la Nación, la encargada de la investigación será la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y tendrá 14 días para la presentación de un informe. Allí, consideraron que podrían haber “incurrido en actos que configuran una situación de causa grave”.
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Lxs magistradxs acusadxs son: Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, Iviarta Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán y Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco. El documento presentado por el Congreso refiere, como fundamentos de hecho, el pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera; y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada que supuestamente no investigó en su momento al exmandatario destituido en diciembre del año pasado por el mismo Congreso, indicaron en el comunicado.
Quien presentó la moción de orden fue la legisladora Patricia Chirinos Venegas, del partido derechista Avanza País: “Hoy tenemos la responsabilidad de poner un alto a una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”, dijo. En esa línea, acusó a los integrantes de la JNJ de buscar desacreditar la decisión del Parlamento de inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ávalos y de una supuesta filtración de información a la prensa acerca de un proceso que afronta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Desde el portal La República, la aprobación de la moción contó con la alianza entre fujimoristas, oficialistas y un sector de la izquierda que, en julio, se rompió y pasó a apoyar al Gobierno.
“El Congreso de la República ha aprobado una moción para que los siete miembros sean sometidos a proceso sumarísimo para su total remoción, a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”, dijeron desde la Junta. “La JNJ considera que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”, agregaron.
También la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por este zarpazo del Congreso. “La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes”, recalcaron en un comunicado bajo el título “la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena”.
La Asociación Civil Transparencia, por su parte, recalcó que en pocos meses le tocará a la JNJ evaluar la continuidad del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y de la jefa del Reniec, Carmen Velarde. “Si sumáramos la eventual designación como miembros de la JNJ de personas no idóneas o comprometidas con intereses particulares, se afectaría gravemente tanto el sistema de justicia como el sistema electoral”, alertaron.
Cambio de Gabinete
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cambió esta semana a seis de sus 18 ministros en el afán de darle aire a un gobierno que no logra mejorar sus precarias cifras de aceptación popular, y las reacciones fluctuaron entre la indiferencia y las críticas por la supuesta insuficiencia de las modificaciones.
Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, presentaron los cambios como una redefinición para lograr resultados concretos, pero los cuestionamientos no solo llegaron desde la oposición, sino desde sectores que han mostrado respaldo al Ejecutivo.
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