La presidenta del Perú, Dina Boluarte, renunció este martes a la inmunidad que la protege de ser condenada. Lo hizo luego que la acusaran de homicidio por la última represión masiva, lo que demuestra que en ese país sudamericano todavía se sienten las heridas que dejaron las grandes manifestaciones que se desataron a fines del año pasado, cuando Boluarte asumió la Presidencia. En ese momento, estado de sitio mediante, la mandataria que asumió tras la destitución de su ex compañero de fórmula, Pedro Castillo, instruyó a las fuerzas de seguridad y armadas para que intervinieran: sólo en diciembre hubo 48 personas fallecidas, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
"La señora presidenta nos ha señalado en el Consejo de Ministerios y públicamente que renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia", informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, a la emisora de radio Exitosa, según recogió la agencia de noticias Europa Press. La decisión se dio a conocer luego de que la Fiscal General, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra Boluarte por la muerte de manifestantes en la represión de las protestas contra su mandato y contra la detención del expresidente Pedro Castillo.
Tras la destitución de Castillo y la asunción en su lugar de Boluarte, el 7 de diciembre, se registraron manifestaciones casi a diario en varias regiones de Perú, sobre todo en el sur. La represión de esas protestas le valió al Ejecutivo advertencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que también denunciaron su accionar.
Ahora, la denuncia constitucional ante el Parlamento es "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros", dijo ayer Benavides en una alocución que compartió en redes sociales. La acusación pesa también contra el jefe del Gabinete de ministros Alberto Otárola, al ex titular de Interior Vicente Romero y a otros funcionarios de la administración.
Además, la fiscal de la Nación anunció que se continuarán con las investigaciones de los altos funcionarios que sean responsables de los fallecidos durante las protestas del 2022 y marzo del 2023, así como “los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público”.
"Deleznable maniobra", dijo Benavidez cuando supo la posición de la fiscal y consideró que intenta distraer la atención de la investigación en la que la funcionaria está incluida y que llevó incluso a que el Congreso de Perú la cite de urgencia para aclarar la situación. Es que, al mismo tiempo, hay otras acusaciones que pesan contra la propia fiscal por el retraso y los obstáculos en las investigaciones por las muertes en las mismas protestas. Además, el principal asesor de Benavídez, Jaime Villanueva, fue detenido en el marco de una investigación que la señala como líder de una presunta red de corrupción que presionó para destituir a operadores de Justicia.
De acuerdo con la tesis preliminar, Benavides, Villanueva y otros funcionarios habrían influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos. Los fiscales supremos exigieron la renuncia de Benavides por las acusaciones de liderar una presunta organización criminal, mientras la fiscal consideró que los que iniciaron la investigación buscan entorpecer su tarea.
Con información de Télam
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