El presidente de la región autónoma de Cataluña, Pere Aragonés, presentó hoy una querella contra la exdirectora de los servicios secretos de España y la empresa israelí propietaria del software Pegasus por el espionaje al que fue sometido junto a otros independentistas catalanes y que generó un gran escándalo político.
"Hay que ir hasta el final y esperemos que los responsables asuman lo que les toca", afirmó Aragonés en el Parlamento catalán.
El líder regional presentó su querella en los juzgados de Barcelona "por hechos que podrían constituir delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, de espionaje informático y de producción y adquisición para el uso de spyware y otros delitos contra los derechos fundamentales", detalló el texto.
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En el documento, Aragonés responsabilizó a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Paz Esteban, y a NSO Group, la compañía israelí propietaria de Pegasus, por la infección de su teléfono celular en enero de 2020, cuando era vicepresidente y consejero de Economía de esta región del noreste de España.
A principios de mayo, Esteban admitió que el CNI había espiado "legalmente y con autorización judicial" a casi una veintena de independentistas catalanes, entre los que figuraba Aragonés, por presuntas actividades ilícitas, pero se desentendió de una vigilancia masiva en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales.
En su presentación, acreditó ante el Parlamento la orden judicial que amparaba la legalidad de la vigilancia a "18" personas del entorno del independentismo, pero sus explicaciones no convencieron a los bloques independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, EH Bildu, ni de la Candidatura de Unidad Popular, ni al Partido Nacionalista Vasco.
Estos bloques requirieron, para concluir la sesión, que se forme una comisión de investigación y se desclasifiquen los documentos que Esteban había mostrado.
La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los celulares de los miembros del Gobierno tensó en el Parlamento la relación entre el oficialismo y sus socios, en especial ERC, que exigieron dimisiones al más alto nivel.
Los independentistas acusaron entonces al Estado de estar detrás de esas escuchas y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al Gobierno minoritario de Pedro Sánchez, lo que supondría poner en peligro la continuación de la actual legislatura, que debe terminar a finales de 2023.
Frente a esta situación, el presidente español anunció una reforma para mejorar el funcionamiento de los servicios secretos y destituyó a Esteban.
Esto se produjo luego de que a mediados de abril, la organización canadiense Citizen Lab publicara un informe en el que se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana habían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software Pegasus.
Con información de Télam
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