El Gobierno de Paraguay solicitó al gobierno de Estados Unidos la salida del embajador Marc Ostfield luego que dieran a conocer sanciones contra una empresa tabacalera vinculada al ex presidente Horacio Cartes, incluido en la lista de funcionarios “significativamente corrupto” del país del norte. La administración de Santiago Peña tomó con “desagrado” la forma en la que fueron comunicadas las medidas que, a su entender, fueron “mediatizadas” y “politizadas”.
La tensión entre los aliados históricos crece desde hace dos años en torno a los señalamientos que el Departamento de Estado de Estados Unidos hace sobre el ex presidente Cartes, empresario millonario y presidente del Partido Colorado, que hace 60 años está ininterrumpidamente a cargo del Gobierno paraguayo -con excepción de la gestión de Fernando Lugo, entre 2008 y 2012-. En 2022, en plena disputa electoral y partidaria entre dos facciones de los colorados, Estados Unidos incluyó a Cartes en la lista de funcionarios “significativamente corruptos” e impuso una serie de restricciones a distintas empresas de las que el expresidente es dueño. También fue acusado por vínculos con la organización Hezbollah. "Durante más de una década, Cartes aprovechó su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para expandir su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas", afirmaron desde Estados Unidos en un documento.
En ese contexto, este martes Ostfield anunció la suma de sanciones a Tabesa por “brindar apoyo financiero”, escribió en sus redes sociales. “Estamos comprometidos a garantizar el cumplimiento de las sanciones y lograr una reforma anticorrupción significativa en Paraguay”, dijo. Sobre ello, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, señaló que la empresa sería propietaria, al menos, de forma indirecta.
La respuesta por parte del Gobierno de Santiago Peña, alfil de Cartes en el Partido Colorado no se demoró en llegar. Este jueves, el canciller, Rubén Ramírez Lezcano, leyó en conferencia de prensa el extenso comunicado en el que se proclamaron como una nación “soberana”, “independiente” y “libre”, valores que entendieron se “comprometen” ante “la intervención directa o indirecta de cualquier Estado en los asuntos internos del Paraguay”.
Tras hacer un recorrido por la historia del país hasta llegar a la restitución democrática, las autoridades paraguayas señalaron que, aunque no hacen un “juicio de valor sobre las herramientas administrativas que competen a la legislación” de Estados Unidos, recibieron “con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas”, por lo que hicieron la solicitud al Gobierno estadounidense para la salida de Ostfield.
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La idea, dijeron es, “evitar que la pérdida de confianza hacia una persona dañe la relación” que mantienen históricamente. “La república del Paraguay tiene una excelente relación con los Estados Unidos, y una historia compartida de principios y valores. Como aliados estratégicos colaboramos activamente en temas regionales y globales relaciones a la defensa, seguridad, lucha contra la corrupción, comercio e inversiones. Es nuestro firme deseo seguir fortaleciendo y profundizando las fraternas relaciones entre nuestros países”, cerró el comunicado.
Extradición de Cartes
Según informó el diario ABC Color, Ostfield señaló también en su conferencia de prensa que su país seguirá utilizando para combatir la corrupción se encuentran las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición.
El diario paraguayo, señaló en ese sentido, que la intención expresa del Gobierno de Estados Unidos es limitar a Cartes el acceso a los beneficios de lo que ellos consideran como bienes adquiridos producto de la corrupción.
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