Un grupo de diputados de la oposición chilena oficializó este miércoles el inicio del proceso de acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su vinculación en el caso de la venta de acciones de la minera Dominga mediante paraísos fiscales, revelado por la investigación internacional llamada Pandora Papers.
El pedido de juicio político fue firmado durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso por 15 parlamentarios de todos los sectores de la oposición, quienes expresaron que esperan que el trámite se vote antes del 21 de noviembre, día de las elecciones presidenciales. El texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario "por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes".
Este documento tiene el respaldo de toda la oposición, de mayoría en la Cámara de Diputados, según indicó el jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio. "Subo mi apuesta, creo que no sólo tendremos todos los votos de la oposición, sino que además contaremos con todos los votos del oficialismo", afirmó el diputado.
El socialista Jaime Naranjo dijo durante la presentación que "el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en su principio de probidad y ha comprometido gravemente el honor de la Nación". Por su parte, Tomas Hirsch, del partido izquierdista Acción Humanista, expresó que la acusación constitucional "marca un hito histórico" en Chile y que fue presentada por "la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano".
Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor (sobre 155), para luego pasar a segundo trámite en el Senado, donde debe ser aprobada por dos tercios (29 votos a favor de 43 senadores).
Este no es el primer intento de juicio político que propone la oposición contra Piñera, ya que en diciembre de 2019 se presentó una acusación constitucional contra el mandatario por violación a los derechos humanos en el estallido social de octubre de ese año. La acusación fue aprobada con 79 votos a favor y tuvo 73 en contra, pero Diputados acogió una "cuestión previa", según la cual el pedido del juicio político no cumplía con los requisitos y por lo tanto la iniciativa no prosperó.
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