El secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a las potencias que integran el Consejo de Seguridad a crear las condiciones adecuadas para el envío de un contingente internacional de paz a Haití. El país más pobre de América atraviesa, desde hace años, una crisis institucional, económica y social sin precedentes, en donde las bandas criminales se hicieron de gran parte del territorio, incluso en la capital de la isla caribeña. En ese contexto, Guterres estuvo el viernes pasado en Puerto Príncipe y, desde allí, expresó su "solidaridad" a una población atrapada en un "ciclo trágico" de violencia, miseria y desastres sanitarios.
"Apelo a los miembros del Consejo de Seguridad y a todos los países con potencial de contribuir a que actúen ahora para crear las condiciones para el despliegue de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana", dijo a periodistas Guterres, a quienes ocupan el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. Se esperaba que este jueves los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto -China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia- analicen la crítica situación humanitaria en Haití.
"Estoy en Puerto Príncipe para expresar mi solidaridad con el pueblo haitiano y hacer un llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Haití, incluso con una fuerza internacional que pueda respaldar a la policía nacional", dijo Guterres en un tuit, minutos después de iniciar su primera visita al país como secretario general. "Ahora no es el momento de olvidar a Haití", agregó, mientras que el servicio de su vocero recordó el "ciclo trágico de crisis de seguridad, políticas y humanitarias" que viven los haitianos, señaló Guterres que durante esta visita se reunió con el primer ministro del país, Ariel Henry, y líderes políticos, así como con miembros de la sociedad civil y personal de Naciones Unidas.
En octubre, haciéndose eco de un pedido del primer ministro, ya había reclamado al Consejo de Seguridad que enviara contingentes para apoyar a la Policía haitiana, superada por la violencia de las pandillas. Si bien algunos países dijeron estar listos para participar en una fuerza como la reclamada, ninguno se ofreció para liderar una operación de este tipo en un país fracturado por múltiples intervenciones extranjeras.
Desde ese llamado, la ONU siguió describiendo la pesadilla vivida por los haitianos, con francotiradores en los tejados, secuestros, ataques a escuelas y violaciones.
Una crisis que no para de empeorar
Para poner en contexto: en 1995, Haití decidió disolver su Ejército dada la interferencia militar constante en el desarrollo de las instituciones democráticas, llevaron a que la Asamblea Nacional creara unas fuerzas de seguridad civil conformadas por la Policía Nacional de Haití y la Guardia Costera de Haití, con la ayuda clave de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Hoy son estas dos fuerzas las que están sobrepasadas por bandas criminales con organización y poder de fuego dignos de un ejército. En la actualidad, la crisis política -acentuada por el magnicidio del ex presidente Jovenel Moise- está acompañada por un Ejecutivo -liderado por el primer ministro, Henry- no electo por la votación popular, un Legislativo del que, desde 2020, sólo funciona una tercera parte y cuyo mandato está vencido; y por un Poder Judicial vaciado y sin capacidad de acción.
Ante esta situación, el debate sobre fuerzas de intervención en el país es un debate que llegó a la arena pública, pero sobre una acción de ese tipo pesan, también, las contradicciones: los militares extranjeros que formaron parte de la Minustah -la misión de paz de la ONU que llegó luego del golpe de Estado contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide, en el país entre 2004 a 2017- fueron señalados como responsables de miles de violaciones y abusos sexuales.
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Casi la mitad de la población, unas 5,2 millones de personas, necesita además ayuda humanitaria, incluidos unos 3 millones de niñas y niños. A ello hay que sumar unos 760 muertos desde la declaración en octubre del brote de cólera que está asolando el país, y que dejó hasta ahora unos 51.800 casos probables (en torno a 3.100 confirmados) con una especial incidencia en la población infantil.
Hace más de un año se creó el Acuerdo de Montana, una suerte de comité de transición de dos años al que se sumaron cientos de organizaciones políticas y sociales en un intento por sortear la profunda crisis a todos los niveles que padece la isla y fortalecer las instituciones de cara a la celebración de elecciones cuando finalizara ese plazo. Sin embargo, el proceso se estancó en enero tras la renuncia del exsenador Steven Benoit, quien actuaba como primer ministro designado por el consejo de transición, mientras que Fritz Alphonse lo hacía de presidente interino designado.
Con información de Télam
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