El grupo de la ONU que investiga la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela denunció que el presidente Nicolás Maduro dirige un “plan” para “reprimir a la disidencia”, que incluye graves violaciones humanitarias. Lo hizo tras presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo.
En una conferencia de prensa en Ginebra, la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, sostuvo que "este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro”. Por su parte, la abogada argentina Patricia Tappatá, una de los tres miembros de la misión -junto a Valiñas y el chileno Francisco Cox-, agregó que “hay una coordinación entre los cuerpos del Estado, sobre todo las fuerzas de seguridad que llevaron adelante una política de represión y silenciamiento de opositores reales o percibidos como tales”.
La misión presentó hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la prensa un informe centrado en la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los dos principales entre “las seis estructuras” represivas del Gobierno venezolano señaladas en el reporte anterior del grupo.
El informe, publicado en español e inglés en el sitio web de la ONU, asegura que el Sebin y la Dgcim son responsables de “la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.
La misión dijo que documentó 122 casos de personas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de esos dos organismos de inteligencia venezolanos desde 2014 hasta la actualidad.
Detalló que entre los métodos de tortura utilizados figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca’”, tanto en las sedes centrales del Sebin y la Dgcim, en Caracas, como en una red de centros clandestinos de detención en todo el país.
“Actualmente, en el Helicoide (sede del Sebin) hay más de 70 personas detenidas, y en Boleíta (sede de la Dgcim), entre 15 y 20, pero los números reales son otros, siempre mayores”, señaló Tappatá. La abogada explicó que “la misión solo proporciona números sobre los casos que ha podido documentar” y subrayó que “por el temor a las represalias, una de las cuestiones más difíciles es obtener números”.
La misión comenzó a trabajar en 2019, designada por la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con mandato para investigar denuncias de violaciones humanitarias a partir de 2014, año en que se produjo una serie de protestas callejeras que duraron cuatro meses y dejaron 43 muertos y más de 1.000 heridos y de 3.000 detenidos, según datos oficiales.
Pero nunca fue autorizada por el Gobierno de Maduro para realizar su tarea en territorio venezolano, por lo que Valiñas, Tappatá y Cox -los tres expertos que dirigen la misión y trabajan ad honorem-, así como los técnicos que colaboran con ellos, establecieron su base en Panamá. “Desde entonces dirigimos múltiples solicitudes al Gobierno; enviamos en total 23 cartas requiriendo el ingreso y también información precisa sobre algunos casos, y no respondió ninguna”, aseguró Tappatá a Télam.
Explicó que, por ese motivo, el grupo realizó su tarea mediante entrevistas por teléfono o videoconferencia, “guardando reglas”, o en sitios cercanos a la frontera de Venezuela, sobre todo en el caso de la investigación de violaciones de derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Tappatá afirmó que, de acuerdo con las indagaciones de la misión, “el pico de detenciones arbitrarias seguidas de tortura se produjo entre 2017 y 2019”.
Pero advirtió que “las estructuras, los actores y las prácticas” del sistema represivo “no solo se mantienen, sino que se han perfeccionado y quienes dirigían esas estructuras se mantienen en los cargos y en algunos casos, incluso, han sido ascendidos”.
La funcionaria remarcó que la “política de represión y silenciamiento” se practica tanto sobre “opositores reales” como sobre aquellos “percibidos como tales”, entre los que señaló a “periodistas, líderes sociales o de organizaciones no gubernamentales, y un importante número de miembros de las fuerzas armadas que se consideran potenciales amenazas a la estabilidad del régimen”.
Agregó que “cualquiera que expresa una opinión disidente sigue siendo un objetivo de persecución” y subrayó que “eso sucede con ellos, con sus familiares y con sus vínculos de amistad”, lo que “genera un extendido temor a las represalias”.
Por otra parte, el informe presentado hoy describe también la situación humanitaria en el Arco Minero del Orinoco, un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados en el estado amazónico Bolívar, en el centro-este del país, muy prolífica en diversos minerales y caracterizada por la explotación irregular de esas riquezas.
En esa zona de abundante población indígena “actúan los llamados sindicatos, que no son organizaciones de trabajadores sino criminales, y hay también actores estatales y armados no estatales, como el (grupo guerrillero colombiano) ELN”, y los vecinos padecen “eventos muy significativos” de violaciones de derechos humanos, describió Tappatá.
Con información de Télam
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