Los gobiernos de Argentina, México, Colombia, Chile y España manifestaron estar dispuestos a otorgar ciudadanía a las y los nicaragüenses considerados “traidores de la patria” por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le quitaron la nacionalidad a unas 300 personas, confiscaron sus bienes e inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Entre ellos a escritores o ex militantes sandinistas como Sergio Ramírez y Gioconda Belli. En paralelo a esta respuesta, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó una declaración en la que 17 países, entre ellos Argentina, "saludaron" la liberación de 222 e "instaron" al Gobierno a "cesar en la represión".
“Nos parece un gesto solidario hacia estas personas violentadas en sus derechos fundamentales y un mensaje al Gobierno de que estas víctimas no están solas, la comunidad internacional está dando la cara”, sostuvo en diálogo con El Destape Ignacio, un reconocido académico que pidió no publicar su apellido por razones de seguridad.
Pese a los reiterados llamados de atención de la región y el mundo, el Gobierno de Ortega sigue firme en su posición y avanza contra opositores. “No podemos confiarnos porque los terroristas ahí andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos, del Gobierno norteamericano y de Gobiernos europeos. Siguen conspirando y no podemos confiarnos, y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfachatez”, aseguró Ortega en enero pasado, según reportó el portal 100 Noticias, de Nicaragua. De esa manera, el mandatario, había hecho referencia a las movilizaciones de 2018 contra una reforma del sistema de pensiones, que consideró un “intento de golpe de Estado” y por lo que las reprimió con un saldo final de más de 300 personas fallecidas.
Desde entonces, el Gobierno se refiere de la misma manera a cualquier opositor que se manifiesta en las calles o pugna por pelear en las urnas.
Ortega, de 75 años, fue líder del primer Gobierno sandinista en Nicaragua en 1979 tras el triunfo de la revolución y fue elegido presidente en 1984. Luego de ser derrotado en las urnas en 1990 por Violeta Chamorro, regresó al poder en 2007 con una alianza que incluyó a sus viejos enemigos, entre ellos figuras de la Iglesia Católica y de los llamados Contras. Cada vez con más poder propio y sin necesidad de socios, fue reelegido en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió postularse nuevamente.
La avanzada de los últimos sobre la oposición se dio de manera "legal" en el país. Antes de las elecciones generales de 2021 -en las que la pareja presidencial resultó electa por más de 70 por ciento de los votos-, el Parlamento aprobó una serie de leyes, entre ellas la ley de “defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que abrió la posibilidad al encarcelamiento de dirigentes de manera más rápida y masiva. Entonces, la normativa contó con el voto favorable de 70 legisladores oficialistas, el rechazo de 14 opositores y cinco abstenciones.
En el marco de esa ley se comenzaron a detener a las principales figuras de la oposición, incluso a los que más chances tenían en las elecciones de 2021. “Aquí donde se cometieron crímenes, si se captura a los criminales, viene la campaña para que se ponga en libertad a los criminales (…)¿No les va a caer el peso de la Ley? ¿Va a desaparecer la Justicia ante los terroristas, ante los golpistas? ¡No! Ese es un Principio Sagrado: ¡Así como defendemos la Paz, tenemos que defender con firmeza la Justicia y la aplicación de la Justicia contra los criminales!”, defendió Ortega.
El pasado 9 de febrero, su Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional dispusieron la liberación y la deportación de 222 presos. Entre ellos, se encuentran religiosos, ex candidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, a quienes se les quitó su nacionalidad, fueron inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviados a Estados Unidos, en un acuerdo tejido con Washington. Aunque algunos, entre ellos, un sacerdote, se resistieron y fueron detenidos nuevamente.
"Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos", declaró el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, según publicó la agencia Télam. Todos, además, fueron declarados “traidores a la patria (…) quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua".
Días más tarde, la misma decisión se repitió contra otras 94 personas, entre las que se encuentran el escritor y ex militante sandinista, ex vicepresidente de Ortega (1985-1990) Sergio Ramírez; y la poeta y escritora ex militante sandinista Gioconda Belli. A ella, también, se sumó la calificación de “prófuga de la justicia”.
“Ortega ha ido creando un marco institucional arbitrario donde los delitos son muy amplios, por ejemplo, ‘menoscabos a la soberanía y a la patria’. Son categorías muy ambiguas que le permiten mucha arbitrariedad para proceder y criminalizar a los opositores o a los ciudadanos para encarcelarlos y someterles a los castigos”, explicó ante El Destape el académico consultado.
Según dijo, la reforma constitucional realizada por el Parlamento para lograr la deportación de más de 200 personas es “ilegal” porque, en realidad, debió atravesar dos aprobaciones en el Congreso. “Van remodelado las leyes según su conveniencia para poder actuar de manera abusiva o violatoria, prácticamente hay un control total de los poderes del Estado”, manifestó y marcó que el corpus normativo creado “contradice los compromisos en materia de derechos humanos que tienen le Estado de Nicaragua a través de las convenciones que ha ratificado”.
Respecto a las personas detenidas, Ignacio, como solicitó ser llamado, sostuvo que se trata de personas que “han denunciado distintas formas de violencia estructural o política” en el país. Vilma Núñez de Escoria, presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); y monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa “que acompañó una lucha contra la minería de un pueblo campesino”, son otros dos de los nombres que sumó a la lista de personalidades reconocidas que están en contra del Gobierno sandinista.
“No se quiere ninguna capacidad de movilización porque que actúes y ejerzas tus derechos positivos ciudadanos va a ser considerado como traidor a la patria y sujeto de destierro”, sostuvo Ignacio.
La reacción de la región y de la ONU
“No había querido hablar porque lo que se debe de buscar es la reconciliación y la unidad, se tiene que insistir en eso, es posible dialogar, todos dialogan, hasta los más acérrimos enemigos", dijo en su conferencia de prensa mañanera de este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reseñó el portal mexicano Radio Fórmula. En esa línea, el mandatario dio a conocer que envió una carta a su par nicagüense, en la que manifestó su voluntad de recibir a la ex comandante guerrillera del Frente Sanidnista Dora María Télle y a quien más lo solicite.
Poco antes, Argentina había tenido un gesto similar. "El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez, Gioconda Belli y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua", escribió la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su Twitter. A ella, se sumó el jefe de la Cancillería, Santiago Cafiero, quien ratificó la decisión del Gobierno nacional -en declaraciones a FM Radio Con Vos-: "Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo".
El canciller colombiano, Álvaro Leyva, también utilizó las redes sociales para hacerle un ofrecimiento a Ramírez. El funcionario publicó dos fotos con el escritor en la capital española y le dio la bienvenida "a su segunda patria" tras anunciar que aceptó llevar a cabo ese trámite en el país sudamericano.
Chile no se quedó atrás. “Ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional”, comunicó el Ejecutivo que encabeza Gabriel Boric. El chileno es uno de los mandatarios que desde siempre tomó una postura de condena contra la gestión de Ortega-Murillo.
Finlamente, a la reacción de la región se sumó un contundente rechazo por parte de la ONU. En Nicaragua, "las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos", advirtió la agencia para los refugiados, Acnur.
Declaración del Consejo Permanente de la OEA
El organismo continental sumó su voz este miércoles. Según informó la Cancillería argentina, 17 países del Consejo Permanente de la OEA, entre ellos Argentina, suscribieron una declaración en la que saludaron la liberación de 222 "presas y presos políticos nicaragüenses, ocurrida el pasado 8 de febrero".
Al mismo tiempo, en el comunicado indicaron que rechazan "las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua, mediante la cual se les ha despojado arbitrariamente de su ciudadanía y de sus derechos políticos, dejándolos en algunos casos en situación de apátrida". En esa línea, instaron al Gobierno de Ortega a "cesar en la represión contra la población civil y líderes y lideresas comunitarias, incluidos quienes pertenecen a la Iglesia Católica, y a poner fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales".
Además, llamaron a las autoridades nicaragüenses a "liberar inmediatamente a todas las presas y presos políticos y a permitir el acceso al territorio, sin trabas, de los organismos internacionales de derechos humanos".
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