La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua, controlado en forma absoluta por el sandinismo gobernante, modificó hoy la Constitución y la Ley de la Policía Nacional para eliminar la condición de “apolítica y apartidista” de la fuerza y cambiar el régimen de sanciones de modo de ordenar el encarcelamiento de los desertores.
Con 90 votos a favor y cero en contra se cambió el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece el marco legal de las fuerzas de seguridad.
Los legisladores eliminaron el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado "profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante", así como "de naturaleza civil".
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La fuerza, ahora, estará subordinada al presidente de la República, aunque esta iniciativa debe ser todavía discutida en una segunda sesión para entrar en vigencia.
Con los cambios, la Policía Nacional -que dirige Francisco Díaz, consuegro del mandatario Daniel Ortega- se regirá "en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia" y "estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente".
También aprobaron con 91 votos a favor y cero en contra una reforma a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para eliminar también de ahí la naturaleza "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante" de esa institución.
Pero, también, este cambio incorporó tres artículos para ordenar cárcel a los oficiales desertores y desobedientes.
Establece que "el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión".
Y dispone que "el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión".
El titular de la AN, Gustavo Porras, defendió las reformas con el argumento de que “no puede repetirse lo que ocurrió en 2018”, cuando se vivieron fuertes protestas contra el Gobierno.
"La delincuencia financiada por los yankis internos y la participación de algunos que creían que la revolución no tenía arraigo… Lo peor fue el asesinato para hacer terrorismo. Eso pasó porque la Policía estaba acuartelada. Pidieron acuartelar a la policía y eso dio como resultado que las fuerzas del mal quemaran los cuerpos de la gente, destruyendo la vida de los nicaragüenses”, reseñó Porras, según el sitio 100Noticias.
Por otro lado, señaló que la Policía de Nicaragua era hasta hoy la única institución de seguridad que no sanciona a sus miembros cuando desobedecen una orden o desertan.
Con información de Télam
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