La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús afirmó que la proscripción de esa orden católica en Nicaragua, dispuesta ayer por el presidente Daniel Ortega, es una "agresión injustificada contra los jesuitas en un contexto de total indefensión y terror hacia la población" local, informó hoy la prensa internacional.
La reacción se produjo luego de que el gobierno de Ortega anulara la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua y estableciera que la Procuraduría General de la República transferiría sus bienes inmuebles y móviles.
La resolución gubernamental argumenta que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que "tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020".
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"La decisión se tomó sin que se hubieran completado los procedimientos administrativos previstos por la ley", criticó la organización jesuita en un comunicado, según la agencia de noticias ANSA.
Según la nota, el gobierno los privó de "la oportunidad de defenderse y sin un órgano judicial imparcial para juzgar y detener estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios", como ocurrió en la "mayoría de los más de 3.000 casos similares" que se registran desde 2018.
La orden manifestó que "condena esta nueva agresión contra los jesuitas de Nicaragua" y "la considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática definida como 'crímenes de lesa humanidad' por el grupo de expertos sobre derechos humanos en Nicaragua formado por las Naciones Unidas".
"Esto confirma que todo esto tiene como objetivo la plena instauración de un régimen totalitario", afirmó la organización religiosa, que responsabiliza a las autoridades "de estar, al menos, en connivencia con estos hechos y de impedir que existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para detenerlos, revertirlos y sancionarlos".
Asimismo, la orden reclamó que el gobierno de Nicaragua "cese la represión; acepte la búsqueda de una solución racional en la que prevalezcan la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho; respete la libertad y la integridad total de los jesuitas y de las personas que colaboran con ellos".
La administración de Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos fueron conminados a abandonar el país o acusados en tribunales.
Hace una semana, la Universidad Centroamericana (UCA), también jesuita, suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de amparar "terroristas" durante las protestas de 2018.
El gobierno renombró esa casa de estudios, Universidad Casimiro Sotelo, en homenaje a un dirigente estudiantil sandinista que había enfrentado a la dictadura de Anastasio Somoza y fue asesinado por eso.
Con información de Télam
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