Un tribunal militar de Myanmar (exBirmania) condenó hoy a la depuesta líder Aung San Suu Kyi a otros siete años de cárcel por corrupción, lo que eleva hasta 33 años la pena final del juicio que enfrenta la Nobel de la Paz.
Una corte en la capital Naipyidó la declaró culpable de los últimos cinco casos de corrupción que había pendientes contra ella, poniendo final a un proceso considerado como un juicio político y una impostura por las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
La célebre opositora al poder militar de 77 años, en "buen estado de salud", según una fuente judicial, puede terminar en prisión una vida marcada por su combate por la democracia, informó la agencia de noticias AFP.
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El expresidente Win Myint, coacusado en esta última fase del proceso, recibió la misma pena.
Ambos recurrirán el veredicto, según la misma fuente.
Suu Kyi, de 77 años y premio Nobel de la Paz en 1991, se encuentra encarcelada desde el golpe militar que depuso a su Gobierno en febrero de 2021.
Ya había sido declarada culpable de 14 delitos, entre ellos corrupción, fraude electoral, violación de secretos de Estado y vulneración de las restricciones para frenar la propagación de coronavirus.
Estos cargos están relacionados con el alquiler de un helicóptero por un ministro de su gobierno.
Suu Kyi, que es hija de un héroe de la independencia birmana, fue detenida el mismo día del golpe de Estado, el 1 de febrero de 2021, y condenada apenas tres días después por una importación ilegal de walkie-talkies.
El fin de este juicio de 18 meses, que se desarrolló a puertas cerradas, abre un nuevo periodo de incertidumbre en Myanmar, con la promesa de la junta militar de elecciones en 2023.
En los últimos dos comicios legislativos, en 2015 y 2020, obtuvo la victoria la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido fundado por Suu Kyi a fines de los años 1980.
El Ejército, que había impuesto su poder durante décadas, justificó el golpe de Estado por un presunto fraude electoral, aunque observadores internacionales dijeron que el proceso fue limpio.
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió este mes la liberación inmediata de la líder, en su primera resolución desde hace décadas sobre Myanmar, y la junta militar lo acusó de querer "desestabilizar" el país.
Desde el golpe, la dirigente civil solo fue vista en un puñado de fotos granuladas tomadas por los medios estatales en una sala de audiencias vacía.
Las acusaciones de corrupción son "ridículas", aseguró Htwe Htwe Thein, profesor asociado de la Universidad Curtin en Australia.
"Nada en el liderazgo, el gobierno o el estilo de vida de Aung San Suu Kyi sugiere el mínimo ápice de corrupción", agregó.
Sus múltiples condenas son "sinónimo de cadena perpetua", dada la edad de la detenida, evaluó Phil Robertson, directo adjunto para Asia de la ONG Human Rights Watch.
Desde el golpe de Estado, Myanmar se hundió en el caos, con enfrentamientos cotidianos entre el Ejército y milicias que se acusan mutuamente de matar a cientos de civiles.
Una ONG local cifra en más de 2.600 las muertes por represión militar y varios grupos de defensa de los derechos humanos acusaron al Ejército de bombardear zonas civiles, lo que constituye un crimen de guerra.
El Ejército contabilizó de su lado 4.000 civiles muertos.
El jefe de la junta Min Aung Hlaing dijo que el régimen prevé organizar elecciones en 2023, cuando el país esté "en paz y estable".
"El Ejército ha transformado los tribunales y las prisiones en un infierno para los derechos humanos", aseguró Meg de Ronde, directora regional de Amnistía Internacional, que agregó que la condena demuestra que "hay que presionar más a la junta birmana y (hacerlo) rápidamente".
Con información de Télam
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