Un tribunal de la junta militar de Myanmar condenó hoy a la depuesta líder Aung San Suu Kyi a otros seis años de cárcel por corrupción, lo que eleva a 26 años la pena de prisión que enfrenta la Nobel de la Paz.
Suu Kyi, de 77 años, está detenida desde el golpe de Estado de 2021 y ya fue condenada por corrupción y varios otros cargos en un proceso a puerta cerrada por un tribunal de la junta.
La dirigente permanece confinada desde la noche del golpe del 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática en el país.
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En este proceso "fue sentenciada a tres años de prisión por cada uno de los dos casos de corrupción" de los que estaba acusada, por supuestamente aceptar sobornos de un empresario, indicó una fuente diplomática a la agencia de noticias AFP.
En el último caso, la exdirigente fue acusada de aceptar sobornos del empresario Maung Weik, que apareció en una cadena controlada por los militares afirmando que entregó 550.000 dólares a Suu Kyi.
Maung Weik - que fue condenado por tráfico de drogas en 2008 - también afirmó que donó dinero a importantes figuras del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, para favorecer sus negocios.
Suu Kyi, quien rechaza todos los cargos en su contra, parecía tener buena salud y apelará la sentencia, agregó la fuente.
Aún deberá enfrentar juicios por otros cinco cargos de corrupción.
Los periodistas tienen prohibido participar en las audiencias y los abogados de Suu Kyi tampoco pueden hablar con la prensa.
Un portavoz de Amnistía Internacional (AI) criticó hoy el proceso como "una farsa" y afirmó que "no puede ser tomado en serio".
"Los militares están acumulando acusaciones falsas tras acusación falsa contra Aung San Suu Kyi, como parte de una campaña más amplia para encerrar y silenciar a todos los opositores", enfatizó.
Un portavoz de la junta no respondió a las peticiones de comentar el caso.
Suu Kyi ha sido el rostro de las esperanzas democráticas por más de 30 años, y en el pasado ya estuvo detenida como presa política.
Desde el golpe se encuentra apresada por los militares y su contacto con el exterior se limita a las reuniones con sus abogados antes de los juicios.
Muchos de sus aliados políticos también fueron encarcelados desde el golpe y uno de sus ministros sentenciado a 75 años de prisión.
El país del sudeste asiático atraviesa un periodo turbulento desde que los militares tomaron el poder, un movimiento que desató una resistencia armada de gran parte de la población.
La junta respondió con una represión que, según grupos de defensa de los derechos humanos, incluye aldeas arrasadas, ejecuciones extrajudiciales masivas y ataques aéreos contra civiles.
Desde el golpe, más de un millón de personas han sido desplazadas, según la agencia de la ONU para la infancia (Unicef).
Más de 2.300 personas murieron y más de 15.000 fueron detenidas por la represión militar contra los disidentes, según un recuento de una ONG local.
Con información de Télam
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