La nueva enviada especial de Naciones Unidas para Myanmar, Noeleen Heyzer, dijo hoy estar "profundamente preocupada" por el aumento de la violencia en la exBirmania, dos días después de que al menos 35 civiles fueran asesinados por fuerzas del Estado.
La diplomática, oriunda de Singapur, "está profundamente preocupada por el aumento continuo de la violencia en el estado de Kayah y en otras regiones de Birmania", declaró su oficina en un comunicado.
Se trata de su primera declaración desde que fue nombrada en octubre por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en sustitución de a diplomática suiza Christine Schraner Burgener.
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Ayer, la ONG Save the Children denunció que al menos 35 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en un ataque lanzado por el Ejército en el estado de Kayah (este).
Dos empleados de la ONG británica siguen desaparecidos.
La ONG reveló que "los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos".
Más tarde, la agencia local de noticias Myanmar Now reportó 35 cuerpos calcinados hallados el 25 de diciembre en el estado de Kayah, donde también encontraron ocho automóviles y cinco motocicletas quemadas.
Tras estos hechos, Save the Children, que lleva trabajando desde 1995 en programas de salud, nutrición, educación y protección de la infancia, suspendió sus operaciones en los estados de Kayah y Chin, y en algunas partes de la región de Magway.
Por su parte, el subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, dijo estar "horrorizado por los informes sobre el ataque a civiles en el estado de Kayah" y exhortó a las Fuerzas Armadas de Myanmar y a los grupos armados a tomar todas las medidas posibles para proteger a la población civil.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Myanmar, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
Desde su detención, la premio Nobel de la Paz de 76 años enfrenta numerosos cargos en su contra.
Hoy, una corte de la junta militar aplazó la sentencia en el juicio contra la depuesta líder por la importación y posesión ilegal de radiocomunicadores.
Se trata del proceso sobre la supuesta importación ilegal de "walkie-talkies", el último en una serie de juicios que podrían desembocar en su encarcelamiento de por vida.
Pero el juez aplazó el veredicto hasta el 10 de enero, dijo una fuente informada sobre el caso a la agencia de noticias AFP, sin dar detalles por temor a ser castigado por las autoridades.
Semanas atrás, Suu Kyi fue condenada a cuatro años por incitación contra los militares y por incumplir las restricciones impuestas contra el coronavirus, un fallo condenado por la comunidad internacional.
El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, conmutó la pena a dos años y dijo que la cumpliría en arresto domiciliario en la capital, Naipyidó.
Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Myanmar durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre de 2020, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios. La decisión alegó "millones de irregularidades" presuntamente cometidas en el escrutinio y causó la disolución de la LND.
La toma del poder por parte de los militares se enfrentó a manifestaciones no violentas en todo el país, que las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza letal.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que entre el 1 de febrero y el 25 de diciembre al menos 1.375 personas murieron a causa de la represión militar.
De las 11.202 personas arrestadas en este período, 8.254 siguen detenidas.
Las protestas pacíficas continúan en medio de la severa represión, pero también creció una resistencia armada, hasta el punto de que los expertos de la ONU advirtieron que el país podría caer en una guerra civil.
Los esfuerzos diplomáticos de Naciones Unidas y de la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (Asean) para resolver la crisis apenas progresaron, ya que la junta hace caso omiso de sus peticiones.
Sin embargo, la posible imposición de sanciones contra las autoridades militares no está en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según declaró el director del departamento para los organismos internacionales del Ministerio de Exteriores de Rusia, Piotr Ilichiov.
La posición de Rusia respecto de las sanciones unilaterales, agregó, consiste en que la aplicación de estas contradice las normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como socava las prerrogativas del Consejo de Seguridad.
Con información de Télam
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