La Guardia Nacional de México pasó oficialmente al control administrativo de la Secretaría de Defensa (Sedena) tras la publicación de la medida en el boletín oficial, tras ser aprobada por el Congreso de la Nación en un giro de política encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión deja al país sin una fuerza policial civil a nivel federal, en una decisión que fue criticada por organismos de derechos humanos e internacionales.
La medida fue oficialmente adoptada a última hora del viernes, luego que haya sido aprobada más temprano por el Senado, una semana después de su ratificación en la Cámara baja en un acuerdo entre el oficialista partido MORENA y sus aliados legislativos. Según la nueva normativa, la comandancia de la Guardia Nacional -nacida en 2019, con el propósito de mantenerse en el ámbito civil- dependerá a partir de ahora de la cartera de Defensa y por debajo quedarán la coordinación territorial, estatal y de unidad, según recogió el diario La Jornada.
Además, el secretario de Defensa estará facultado para expedir los manuales de organización, procedimientos y estrategias del cuerpo, organizar la distribución territorial de sus elementos y proponer adecuaciones a la estructura orgánica.
"Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública", advirtió ayer la Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif. La responsable de la ONU marcó que la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas "aumenta de forma constante" desde 2006, pero que eso no se tradujo en un descenso de la criminalidad.
En cambio, señaló que se produjo un aumento de las denuncias de "graves violaciones de derechos humanos" por parte de los cuerpos de seguridad. Al Nashif, también, lamentó que la participación y el debate públicos "fueron muy limitados" y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028
Amnistía Internacional también se había manifestado en contra de la adopción de este giro propuesto por López Obrador, el pasado 31 de agosto, que llevan a "la militarización de la institución de seguridad pública más importante del país, la Guardia Nacional", indicaron en un comunicado. Según advirtieron, estas reformas "institucionalizarían el entrenamiento militar y permitirían que presuntos crímenes bajo el derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la institución sean juzgados en tribunales militares".
Por ello, desde Amnistía Internacional hicieron un llamado al Senado "a rechazar las reformas y a presionar al gobierno a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública".
El presidente mexicano rechazó las críticas y celebró la iniciativa una vez aprobada. Además, afirmó que su objetivo es "que no se caiga en el mismo error que con la llamada Policía Federal Preventiva", disuelta en 2019 y considerada "una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos", según consignó la agencia de noticias Sputnik.
La respuesta no se demoró en llegar por parte de los organismos de derechos humanos locales, que denunciaron se trata de una iniciativa que va en contra de la Constitución, que en su artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública, entre ellas la Guardia Nacional, sean de carácter civil.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para el caso, lamentó la aprobación de la reforma y pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de inconstitucionalidad como lo propuso la mayoría de su Consejo Consultivo. “Siendo claramente inconstitucional e inconvencional lo aprobado, instamos a los actores legitimados a interponer los recursos existentes para que la SCJN realice el análisis correspondiente”, sostuvieron.
En el escrito, los consejeros advirtieron también que se contravienen todos los tratados y convenios internacionales que México tiene con otros organismos y recordó que la misma ONU ha dicho que las tareas de seguridad siempre deben permanecer en manos de civiles.
En concreto, las críticas señalan al mandatario por buscar militarizar al país. Mientras, el oficialismo defendió su estrategia con el argumento de que las Fuerzas Armadas gozan de una amplia aprobación entre la población y de que son menos susceptibles de ser infiltradas por el crimen organizado.
México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
Con información de Télam.
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