La desaparición de 43 estudiantes normalistas en México, en 2014, aún genera conmoción y pedidos por verdad y justicia. En un contexto en el que la investigación avanza a paso lento, una jueza federal anunció la reactivación del caso al conceder 16 órdenes de detención contra militares que habían quedado en suspenso el año pasado. La gestión de Andrés Manuel López Obrador instó a la creación de una Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia y, además, el año pasado reconoció el hecho como un “crimen de Estado”.
“Es una rectificación que, de traducirse en la apertura de procesos legales, puede contribuir a que avance la justicia en el caso”, declararon, según destacó el portal La Jornada, los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, Serpaz y Fundar.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, Estado de Guerrero del suroeste mexicano, detuvieron y atacaron a los estudiantes normalistas -escuelas rurales con una marcada visión social- que se dirigían hacia la Ciudad de México. Todos ellos pretendían asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968, un hecho también de trascendencia histórica en el país, en el que aún existen dudas sobre la cantidad de muertes y desapariciones.
La mayoría de las nuevas órdenes de aprehensión fueron giradas contra soldados de los Batallones 27 y 41 de Infantería que tienen su sede en Guerrero, estado del que desaparecieron los 43 jóvenes en la noche de entre el 26 y 27 de septiembre, informó la prensa mexicana. La que estuvo a cargo fue la jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, que emitió las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, confirmaron fuentes federales, según señaló el portal Pie de Página.
Los mandamientos judiciales incluyen al ex comandante del 41 Batallón de Infantería, coronel Rafael Hernández Nieto, así como a soldados de los Batallones 27 y 41 de Infantería, uno de ellos con sede en Iguala. La lista de los militares que serán procesados son: Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez.
En todos los casos, se trata de órdenes de aprehensión que habían sido canceladas por petición expresa de la propia Fiscalía luego de que ya se le había concedido los pedidos judiciales contra 83 personas, incluyendo mandos militares. La cancelación de estas órdenes de aprehensión fue lo que provocó la renuncia del anterior Fiscal Especializado para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
El diario La Jornada, para el caso, informó que el martes pasado, autoridades federales señalaron que la petición y obtención de órdenes de captura solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) se sustentan en los mismos hechos por los cuales esa fiscalía decidió en 2022 no cumplimentar los mandamientos y retirar los cargo, que había considerado que los militares en ninguna declaración ministerial fueron señalados de haber retenido o participado en la desaparición de los normalistas.
También alegó que, durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014, los efectivos acudieron a la Clínica Cristina de Iguala, a brindar apoyo a algunos de los estudiantes que recibían atención médica y que luego los militares patrullaron la ciudad.
Ocho militares ya declararon
Los ocho integrantes del Ejército son parte del grupo de 16 militares en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión. Como estaban en activo, fueron detenidos de inmediato y permanecerán recluidos en la prisión militar del Campo Militar Número 1. Los ahora detenidos pidieron la duplicidad del plazo constitucional (de 72 a 144 horas) para que se resuelva su situación jurídica y la jueza determine si existen evidencias para dictarles auto de formal prisión o de libertad por las acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada.
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