El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó el segundo y último grupo de reformas que contiene cuatro modificaciones a las leyes electorales aprobadas por el Congreso, mediante un decreto publicado este jueves. Las modificaciones a las normativas son ampliamente rechazadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la oposición, que llevó su impugnación a la Corte Suprema de Justicia. "La reforma constitucional que fue rechazada por el Congreso y la reforma a la ley electoral que está siendo impugnada está totalmente acotada porque no puede ir en contra de lo que establece la Constitución", dijo el mandatario para defender su posición, aunque estimó que es probable que la nueva normativa sea anulada por el Poder Judicial.
Al anunciar la promulgación de las leyes, afirmó que el denominado "Plan B" se enfocó en reducir el costo del proceso electoral: "Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera muchos, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional se van a tener que seguir destinando 25.000 millones de pesos (unos 1.370 millones de dólares al cambio actual) para la organización de las elecciones, las más caras del mundo", agregó. El mandatario aseguró que las nuevas leyes electorales no afectan el funcionamiento del INE. Además, explicó que su idea era, en realidad, llevar a cabo "una reforma de fondo constitucional", pero que fue bloqueada "porque es el dinero de los partidos, de la burocracia de élite, la burocracia dorada del INE".
Es el día de hoy que tanto López Obrador como muchos de sus seguidores siguen sosteniendo que el INE permitió que le robaran la victoria presidencial en 2006. Durante meses recorrió el país reclamando una investigación y un recuento, pero finalmente abandonó esa lucha en las calles.
El documento publicado este jueves por el Ejecutivo indica que es el "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del Poder Judicial en materia de comicios, y de los medios de impugnación en los procesos y resultados electorales". Esas cuatro leyes secundarias se suman a otras dos que fueron publicadas en diciembre pasado y son impugnadas por los partidos de oposición ante la Corte Suprema de Justicia.
En conjunto, las nuevas leyes son denominadas por el Gobierno como "Plan B", después de que el Senado rechazara en diciembre el proyecto original que buscaba reformar el sistema electoral establecido en la reglamentación primaria de la Constitución, donde no alcanzó la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Estas normativas solo necesitaban mayoría simple de la mitad más un voto -que posee el oficialismo en el Poder Legislativo-, para reducir las atribuciones, personal y presupuesto del INE, al fusionar, compactar, y eliminar diversas áreas del árbitro electoral.
Las primeras dos leyes que fueron promulgadas a finales del año pasado ya fueron impugnadas por el INE ante la Corte Suprema de Justicia y los partidos de oposición esperaban lo mismo de las otras cuatro leyes para solicitar a los magistrados un amparo judicial.
En tanto, el domingo pasado, cientos de miles de personas, según los organizadores, colmaron el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, por segunda vez en cuatro meses, para manifestar su rechazo a una reforma electoral. Las personas se congregaron bajo la consigna “Mi voto no se toca” y, junto con ella, una multitud vestida de blanco y rosa, los colores institucionales del organismo electoral, llenó gran parte del paseo y varias calles aledañas del centro histórico de la capital. La protesta fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, que criticó las medidas de seguridad en torno del Zócalo dispuestas por las autoridades, que no obstante, no evitaron la movilización.
Con esto, además, el Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que, según la oposición, vulnera los datos personales y abre la puerta a un uso faccioso de la información por los partidos gobernantes de turno. Finalmente, los funcionarios y candidatos podrían utilizar fondos públicos para hacer campaña sin ser sancionados, consignó la agencia de noticias Sputnik.
El "Plan B" elimina además las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, integradas por ciudadanos seleccionados por sorteo para igual número de circunscripciones en que se divide el país, que según la oposición podría poner en riesgo al padrón electoral. Con las reformas serán despedidos 6.000 funcionarios ciudadanos, y se eliminará el 85% del Servicio Profesional Electoral, así como los fondos y fideicomisos del INE.
Con información de Télam
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