México mantendrá al Ejército en las calles hasta el 2028

Al cabo de semanas de debate, la Cámara de Diputados de México aprobó modificaciones constitucionales para garantizar el Ejército en las calles hasta 2028. Es una de las mayores victorias del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que cambió de parecer en el transcurso de su mandato sobre la militarización de la seguridad interna. La estrategia del mandatario se consolidó a partir de acuerdos con opositores en el Congreso que le permitieron, también, trasladar a la Guardia Nacional -el único cuerpo civil, creado en 2019- a la Secretaría de Defensa. El impulso se dio pese a la resistencia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que insisten en el carácter anticonstitucional de estos cambios.

La votación este miércoles en la Cámara baja cerró tarde en medio de gritos y peleas con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. En las afueras del recinto, mientras tanto, se movilizaron cientos de personas que llevaban banderas con imágenes de palomas y pancartas con las consignas “alto a la guerra” y en “contra de la militarización”. La votación puso fin a un proceso que lleva semanas. El 5 de octubre, el texto había sido aprobado en el Senado por 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, lo suficiente para consolidar las dos terceras partes que eran necesarias.

“Sí a la policía civil”, “sí a la democracia” y “sí a la paz” fueron algunos de los carteles que expusieron las y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que repudiaron la normativa. “En tres años no han podido consolidar y fortalecer a la Guardia Nacional, no engañen a los mexicanos”, exclamó el diputado Humberto Aguilar Coronado acompañado por todo su bloque en medio de los gritos de sus compañeros. Pese a las interrupciones, el legislador logró acusar a quienes dieron el visto bueno a los cambios sugeridos por el presidente.

“Los mexicanos tendremos que desahogar largas luchas para que el poder militar vuelva a estar supeditado al poder civil, la mentira y la traición se pagan caro en la historia nacional”, espetó Aguilar Coronado a sus adversarios. Su partido, no obstante, fue el que declaró lo que se denominó “guerra contra las drogas” llevada adelante por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que provocó un aumento inusitado de los niveles de violencia. Desde que no está más en el poder, el partido se manifiesta en contra de que el Ejército se mantuviera en las calles.

Del otro lado de la mesa, se encuentra el diputado nacional Samuel Hernández Hernández, del oficialista Morena por el estado de San Luis Potosí: “Como tal no se está llevando a cabo una militarización en el país”, afirmó ante este medio. "Militarizar al país" consiste, dijo, en eliminar a los cuerpos policiales, a las instituciones de seguridad pública de los gobiernos municipales: "Simplemente va a ser un apoyo de aquí a 9 años en los que estoy seguro de que van a a bajar los índices de violencia", aseveró.

El país hace años está asediado por la violencia de las organizaciones criminales, narcotraficantes y hasta del mismo Estado. 

El diputado de Morena expuso ante El Destape que uno de los motivos por los que se decidió esta reforma es “la falta de profesionalización” en las policías estatales y municipales, sumado al hecho de que el Ejército y la Marina Armada de México “son las instituciones que gozan de mayor legitimidad entre las poblaciones” para hacerle frente a la “compleja situación” que atraviesa el país. "Quienes hoy llaman militarizar este país fueron los que iniciaron una guerra ficticia contra el narcotráfico, fueron los que arriesgaron la vida de los militares. Recordemos esa guerra ficticia de Felipe Calderón. Viven una desvergüenza total, no hay argumento que sustente esa idea de la militarización del país", sostuvo. 

La reforma fue remitida a los Congreso estatales y se espera su aprobación en, al menos, 17 de los 32 para posteriormente remitirla al Ejecutivo nacional para su promulgación.

Creación de la Guardia Nacional y los cambios

La Guardia Nacional fue creada en 2019 por impulso del propio López Obrador y con aval del Congreso para los cambios constitucionales. Entonces, se dispuso que la institución participara en la “salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestos en la Constitución y leyes”. Se adjudicó una dirección civil a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero trabajó de la mano con una junta de jefes con militares que estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida por sus siglas: Sedena.

En ese momento, generó críticas el hecho de que se sumaran efectivos de la extinta Policía Federal, acusada de corrupción y de vínculos con organizaciones criminales.

“El primer rol fue de atender la problemática del crimen organizado y de los delitos del fuero federal a partir de una estrategia catalogada coloquialmente como de ‘abrazos, no balazos’”, explicó a El Destape el politólogo mexicano Rodrigo Corona Galindo. Esa estrategia se basó en atender las causas que originan el fortalecimiento del crimen organizado a partir de programas sociales y, por otro lado, pacificar al país y evitar que el nivel de violencia aumente a través de este cuerpo de seguridad pública. Otro fue el de sustituir todas las labores que hacía la Policía Federal -extinta tras la creación de la Guardia Nacional-, incluyendo la vigilancia en caminos y puentes federales, coordinarse con estados y municipios para atender problemas de seguridad pública, entre otros.

Sin embargo, el funcionamiento bajo el mando militar, aseguró Corona Galindo, se dio "de facto” en los últimos 60 años. De hecho, el 80 por ciento de sus 110.000 efectivos en 242 cuarteles provinieron del Ejército y de la Marina. 

Los cambios

El primer paso hacia lo que las organizaciones denuncian como “militarización” se dio a principios de septiembre. El decreto aprobado por el Congreso y firmado por López Obrador determinó el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. El segundo fue el dado definitivamente en la noche del miércoles cuando el Parlamento dio el visto bueno para garantizar la permanencia del Ejército -el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional- en las calles hasta 2028.

La introducción de cambios propuestos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -histórico adversario del oficialista Morena- fue clave para poder avanzar:

• El Ejecutivo deberá informar al Congreso cada 6 meses cómo se ejerció la facultad de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, qué está haciendo para el tránsito de una Guardia Nacional civil, y qué se hace para que el Ejército regrese a sus cuarteles.
• El documento deberá incluir “indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos”.
• Una comisión bicameral de diputados y senadores analizará los informes y podrá llamar a comparecer a los funcionarios responsables de las secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). El dictamen deberá –además- señalar las entidades federativas en las que ya no se requiera la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y tendrá que contener recomendaciones para cumplir con su retiro para 2028.
• Entre otras condiciones, se establece el carácter “extraordinario” de la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.

Las críticas y las alternativas

“No a la militarización”, se lee en letras tamaño gigante en la explanada de la Universidad Nacional de México (UNAM). La intervención fue realizada por la Red Universitaria Anticapitalista de la mano con las organizaciones estudiantiles contra la “institucionalización de la militarización del país”, contó ante El Destape Argelia Guerrero, que es parte de la Red, en consonancia con lo planteado por Corona Galindo. Para ella, este proceso lleva años de gestación, pero la efectivización del pase de la única fuerza civil a la Sedena implica, entre otros puntos, la “eliminación de filtros y condiciones para limitar las acciones del Ejército”.

“Los asesinatos sin que haya posibilidad de demandas ante la Justicia civil lo que ha garantizado es impunidad. Porque se les encubre, se trata de tapar la verdad, de no hacer justicia y lo que se promete son sanciones dentro del gremio militar, que sean juzgados por la justicia militar”, sostuvo. Lo cierto, es que las fuerzas mexicanas hace años son cuestionadas. Su señalamiento en la desaparición de personas, estudiantes, activistas y mujeres son sólo algunos de los hechos por los que surgen las dudas y los cuestionamientos. El caso más emblemático de los últimos años es la de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de quienes todavía no se sabe nada, pero sí existe la certeza de la participación de las fuerzas en connivencia con el Estado.

A esto, se sumó que, hace pocas semanas, un hackeo a la Secretaría de Defensa reveló el seguimiento de las Fuerzas a organizaciones sociales, políticas y feministas.

“Existen otras alternativas”, aseveró Guerrero. Según contó, los pueblos, principalmente, originarios en México han promovido la instalación de guardias comunitarias y sostuvo que está documentado y probado que, en algunas zonas de los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas, el propio zapatismo (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nacido en la década de 1990) con su propia seguridad logró “que el crimen se mantenga a raya”. “Como son zonas de resistencia es difícil la convivencia en Estados gobernados por el crimen. Están las propuestas de los pueblos, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, sobre todo el no a la impunidad”, dijo.

Carta de organismos de Derechos Humanos

Las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos también se sumaron a levantar la voz en contra de esta decisión. En una carta destinada al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, indicaron que el hecho de dejar sin policía federal civil “contradice los estándares internacionales de derechos humanos y contradice más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia”.

La prueba está en los números, dijeron y señalaron que “México sigue viviendo niveles récord de violencia letal” con “numerosas violaciones a los derechos humanos” cometidas por el Ejército: más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. Amnistía Internacional, Human Right Watch y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) son algunas de las firmantes en articulación con organizaciones estadounidenses.